La denuncia penal la radicó el bloque de concejales del Frente para la Victoria de Tandil ante la Fiscalía de dicha ciudad y ya se encuentra abierto un proceso judicial, bajo la carátula de Malversación de Caudales Públicos de las partidas presupuestarias municipales, que dejó expuesta una extensa cadena de cobradores que no tienen ningún tipo de relación con el plan "Ayuda Social Directa". La causa está en etapa de indagatorias y a la Fiscalía le resta definir las imputaciones correspondientes.

A fines de 2011, una de las consignas implementadas por el Estado nacional fue la quita de subsidios, con la premisa de que dejaban de ser para las empresas y pasaban a ser para los usuarios.

En Tandil, sin embargo, la eliminación del beneficio se llevó a cabo, pero se produjo un desvío y la donación viró a otros destinatarios que poco tenían que ver con el objetivo primordial: los subsidios que deberían recaer en las manos de indigentes, fueron dirigidos a empresas y a personas que desarrollaban labores para el municipio tandilense. Es decir, el dinero del plan correspondiente a la Ayuda Social Directa, se utilizó para el pago de trabajos exclusivos de la comuna.

El presupuesto para la Ayuda Social Directa para este año fue de $7.400.000 pesos, mientras que en 2011, los subsidios para los de menos recursos fueron de $ 5.786.084. Se estima que en lo que va de 2012, de los 7,4 millones, la mitad fue desviada para el pago de trabajos que poca relación tenían con el fin original. 

El trabajo de un empleado municipal de la ciudad serrana descubrió el procedimiento de la secretaría de Desarrollo Social de la comuna a cargo del radical Miguel Lunghi, que involucra al titular de Desarrollo Social, Oscar Teruggi, y al subsecretario, Rubén Dieguez. Este último era el encargado de firmar y autorizar los subsidios.

El objetivo principal de estos subsidios era la ayuda a personas indigentes o necesitadas que padecen carencias sociales básicas e indispensables.

Sin embargo, Dieguez firmaba los cheques sin previo análisis ni estudio de la situación de impacto social. 

A raíz de esto, desde marzo de 2008 hasta junio de 2011, funcionarios de la administración local de Tandil autorizaban a abonar dinero perteneciente al erario municipal a determinadas personas como contraprestación de la adquisición de bienes y la realización de servicios, el cual estaba destinado por presupuesto al otorgamiento de ayuda social. 

Funcionarios a cargo de la secretaría de Desarrollo Social contrataban la realización de determinados trabajos o servicios y adquirían bienes a terceras personas evitando el mecanismo administrativo correspondiente. El subsidio se cobraba en la boca de pago por ventanilla perteneciente a la comuna local, donde funcionaba el Banco Hipotecario.

Para que la situación no sea tan evidente, el cobro se realizaba de manera fraccionada a través de varias personas de confianza, como la esposa, los hijos, la suegra, hermanos y cualquier tipo de pariente del prestador. 

A raíz de que lo subsidios rondaban entre los 600 y 800 pesos, quedaba claro que los funcionarios no podían entregar cheques por un monto de $ 5.000, entonces llamaban a todos los familiares de la persona que realizaba el servicio para que una persona sola no cobrara un monto abultado de una sola vez, se dividía ese número en varias partes, y se citaba a cobrar a todos los familiares de la persona beneficiaria.