El Concejo Deliberante de Pinamar recibió de parte de la Comisión Investigadora el informe final sobre el accionar del intendente, Blas Altieri con el análisis de los descargos realizados por el suspendido jefe comunal, y ahora será el cuerpo quien defina si lo destituye o no.

Por estas horas, el Concejo (conformado por 10 ediles) intentaba buscar el número necesario para poder habilitar la sesión. Para esto, la oposición necesita sentar en el recinto a siete concejales, algo que por el momento no está asegurado.

Si se logra sesionar, el cuerpo podría calificar las acusaciones contra Altieri como "graves" y definir su destitución. Y si se avanza en ese sentido, el jefe comunal tendrá unos ocho días hábiles para poder presentar un descargo.

En el informe final se confirman 31, sobre los 33 cargos inicialmente imputados a Altieri. El texto de 221 páginas, sostiene que "algunos hechos, por sí solos revisten tal gravedad que justificaron la Creación de esta Comisión investigadora". 

El texto detalla que es "el caso de la conducta omisiva del intendente consistente en no denunciar y con ello permitir la irregular adjudicación de viviendas sociales. Esto revela una confusión de Altieri entre lo que es un interés individual y un interés general". 

Para los integrantes de la comisión, "este hecho trascendió la comunidad de Pinamar alcanzando difusión nacional y desprestigiando al partido y a sus instituciones".

Además, la Comisión Investigadora constató conductas "reñidas con los principios del sistema republicano" como "reticencia a brindar informes" al cuerpo legislativo; reticencia en dar a publicidad los actos públicos; los hechos de violencia dirigidos a periodistas y "el intento de minimizar y aún justificar los mismos en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante".

La escandalosa adjudicación de viviendas

De los 31 cargos, quizás el más importante tiene que ver con el caso de la adjudicación de viviendas. La polémica y las denuncias comenzaron cuando el Instituto de la Vivienda bonaerense resolvió descalificar a los adjudicatarios de un barrio construido por ese organismo hace diez años debido a que hallaron irregularidades que alcanzan a 22 de los 25 moradores. Entre los beneficiarios se encontraron dos hijas del intendente vecinalista, allegados y hasta familiares de funcionarios locales.

La comisión investigadora consideró que Altieri incurrió en una "omisión indebida (…) con perjuicio de los intereses de aquellas familias del partido de Pinamar que se vieron impedidas de participar en igualdad y aún mejores condiciones para acceder a dichas viviendas".

Además, denominó como "conducta antiética en beneficio de familiares y personas vinculadas personal y políticamente que resultaron beneficiadas por los planes de viviendas sociales irregularmente adjudicados". 

Pero además menciona el accionar del jefe comunal como una "conducta ilegítima y antiética al obtener un beneficio directo derivado de las comisiones que la inmobiliaria Altieri recibió por compraventa del inmueble donde se construyeron las viviendas y por el alquiler de algunas viviendas como ser la N° 11 que justamente fue adjudicada a una de sus hijas". 

WZ