El Concejo Deliberante de Pinamar resolvió suspender ayer al intendente local, Blas Altieri, por un plazo máximo de 90 días hasta analizar si los 33 cargos presentados por la comisión investigadora son pasibles de destitución. Por su parte, el jefe comunal presentará un recurso de "conflicto de poderes" ante la Corte Bonaerense para que resuelva la cuestión.

El Departamento Deliberativo confirmó con 8 votos a favor y 2 en contra la suspensión de Altieri, en una sesión especial en la que se analizaron las 33 "faltas graves" presentadas por la Comisión Investigadora. Ahora, el cuerpo tendrá 90 días para definir si destituye o no al intendente, aunque está habilitado para resolver antes de ese plazo.

La sesión en la que se votó la suspensión duró casi dos horas, y los ediles debieron saltear a dos oradores y adelantar la votación a causa de una amenaza de bomba registrada en el lugar.

Ahora, tras la suspensión, Altieri será reemplazado por el concejal Hernán Muriale, quien en las últimas elecciones se presentó como primer candidato a concejal en la lista del intendente.

La concejal del radicalismo, Mercedes Taurizano, explicó que "existe un abandono de la municipalidad por parte de Altieri, esto generó su suspensión".

La edil agregó que "la comisión investigadora seguirá trabajando para ver si finalmente se destituye al intendente".

Por su parte, Altieri adelantó a esta agencia que va a presentar un recurso de "conflicto de poderes" ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, al considerar que "los antecedentes de la investigación no son cargos imputables para suspender a un intendente".

"Esto es un cargo político, vamos a pedirle a la Corte que revea esto. Estos concejales están empecinados en mi destitución, hoy votaron entre gallos y medianoches y no nos han escuchado en ningún momento", dijo.

Entre los cargos, la Comisión Investigadora acusa a Altieri de otorgar viviendas sociales a dos de sus hijas. También hay denuncias por irregularidades durante remodelación del Hospital Comunitario; el otorgamiento de exenciones tributarias; la existencia de decretos sin firma y de contenido replicado; el contrato con la empresa Covelia; el recorrido de la empresa de colectivos Montemar; la suspensión de los talleres de Cultura; el incumplimiento de ordenanzas vigentes y el veto de insistencias del Concejo Deliberante.

WZ