El gobierno bonaerense decidió finalmente ayer disponer la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que protagonizan el gremio judicial y el Ejecutivo. Si bien como primer efecto práctico la medida implicaría la suspensión por 15 días hábiles de las medidas de fuerza, anoche el sindicato anunció que no acatará la decisión oficial y que continuará con los paros previstos para el lunes y martes próximos.

La determinación oficial, anticipada por este diario, fue anunciada por el ministerio de Trabajo provincial luego de que la Asociación Judicial Bonaerense resolviera extender los paros al menos hasta el martes tras fracasar el intento de mediación que ensayara la Suprema Corte.

El dictado de la conciliación obligatoria implica además que las partes deberán reunirse para negociar una salida al conflicto. El primer encuentro está previsto para el próximo lunes a las 18.

Pero el extenso conflicto sumó ayer un nuevo elemento para la polémica. Es que la Asociación Judicial Bonaerense anunció que no acatará la conciliación por considerar que el ministerio de Trabajo "no tiene facultades para dictar esa medida", dijo el secretario general de los judiciales, Hugo Blasco.

"En la Provincia existen antecedentes que avalan nuestra posición. Hay un fallo de la OIT que condena a la Provincia por arrogarse la atribución de pretender ser juez y parte en los conflictos", señaló.

Así, la Asociación Judicial Bonaerense ratificó los paros previstos para el lunes y martes, aunque anunció que concurrirá a la convocatoria del lunes "porque estamos dispuestos al diálogo". De esta manera, el conflicto sigue sin encontrar vías de solución.

La intervención de la Provincia que busca frenar las protestas en los tribunales llegó, como se dijo, tras el fracaso de dos instancias de diálogo. La primera, hacia fines de marzo, cuando funcionarios del Ejecutivo comenzaron a negociar con el sindicato el aumento salarial para este año. Como no existió acuerdo en relación al aspecto central del reclamo gremial que es la restitución de la Porcentual, finalmente la administración de Daniel Scioli dispuso aplicar el aumento -que va del 21 al 26% según las categorías- por decreto.

En medio de una sucesión de medidas de fuerzas, denuncias cruzadas y reclamos de los abogados, la Suprema Corte resolvió abrir un proceso de mediación que había sido pedido por el sindicato.

JI