El consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras (FILO) de la Universidad de Buenos Aires, rectores del bloque peronista de universidades nacionales y el Sindicato de Docentes de la universidad pública (Feduba) repudiaron este jueves las "prácticas corporativas en Lago Escondido" y solicitaron se investigue el accionar del juez federal Julián Ercolini -docente en esa casa de estudios- uno de los involucrados en el viaje a la Patagonia del que participaron magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación.

Por su parte, el Consejo Directivo de la FILO repudió el "accionar antidemocrático perpetrado por jueces federales, funcionarios de CABA, empresarios de medios de comunicación y exagentes de inteligencia", al tiempo que exigió "una rápida investigación judicial de lo sucedido con una correspondiente condena a los participes".

En un comunicado de prensa, el Consejo solicitó además que "se inicie una investigación sumaria para evaluar la incompatibilidad ética entre la participación de Julián Ercolini en estos hechos con su función docente"..

El texto de la declaración aprobada en la casa de altos estudios este miércoles precisa que en virtud de la noticia sobre "una reunión entre jueces, fiscales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresarios de medios de comunicación realizada la estancia de Lago Escondido, cuyo acceso público permanece usurpado por Joe Lewis", se "repudia los hechos y se solicita una rápida investigación judicial de lo sucedido con una correspondiente condena a los participes".

Asimismo solicitan al consejo superior de la UBA que inicie una investigación sumaria para evaluar la incompatibilidad ética entre la participación de Ercolini en estos hechos y su función docente.

Por su parte, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) adhirió al comunicado de repudio del bloque peronista de rectoras y rectores de las universidades nacionales "ante las prácticas corporativas realizadas en Lago Escondido", según afirmaron en un comunicado.

"Nuestro bloque de rectoras y rectores expresa su más enérgico repudio a las prácticas corporativas entre poderes concentrados que desconocen los principios de institucionalidad y convivencia democrática", sostiene el texto.

En el documento agregan que "el grado de impunidad exhibido en la planificación, ejecución, e intento de ocultamiento de un encuentro pautado a espaldas de la sociedad argentina marca la irresponsabilidad en el ejercicio de la función pública de quienes tomaron parte".

En tanto, añaden que se trata de "rancios sectores que actúan en defensa de los privilegios y en contra de cualquier proceso de transformación política y social que garantice derechos".

Asimismo, señalaron que "perturba el grado de brutalidad exhibido tanto en el viaje como en su intento de ocultamiento", y que "no es menor la coordinación ejercida por el multimedio (Clarín) único actor privado presente en la conversación" de los chat difundidos vinculados al viaje a Lago Escondido.

Por su parte, el Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba) expresó -desde su cuenta de Twitter- su "repudio y preocupación por la clara vulneración de la independencia judicial, la división de poderes, y la total falta de capacidad ética y moral de estas personas para dictar clases" en la universidad.

El pronunciamiento del sindicato se da "a partir de los hechos de público conocimiento que involucran específicamente a docentes de la facultad de derecho de la Uba en chats y en reuniones en el sur, junto a autoridades, empresarios de medios, funcionarios del GCBA y operadores políticos, dónde hablan de falsificar pruebas, armar causas, amenazar periodistas, y hasta de matar a funcionarios a cargo de fuerzas de seguridad".

"Nos referimos puntualmente al caso de Julián Ercolini, actual director de la carrera de Especialización en administración de Justicia; Carlos Mahiques; Juan Bautista Mahiques; Pablo Casey, director del grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto; Juan Yadarola; entre otros", puntualizaron.

Del mismo modo, señalaron que "esta falta de ética e integridad, además de vulnerar la responsabilidad institucional que les cabe por los cargos que ostentan, es totalmente incompatible con los fines y principios de la universidad pública". (Télam)