La Justicia ordenó suspender el último aumento dispuesto en la tarifa de peaje en la Autopista que une nuestra ciudad con la capital federal, retrotrayendo ese valor a $2,20, y ordenó a la empresa concesionaria, Coviares SA, que presente un plan de ejecución de las obras previstas en el contrato y en sucesivas renegociaciones.

La no aplicación de la suba tarifaria que había dispuesto el gobierno nacional a principios del mes pasado (ver aparte) fue ordenada por el juez federal de Quilmes Luis Armella, quien dictó una medida cautelar en el marco del recurso de amparo presentado por el concejal platense Gustavo Luzardo contra el aumento del peaje.

Se trata de una medida provisoria hasta que el magistrado se expida sobre la cuestión de fondo de la demanda, esto es, que el incremento no pueda aplicarse hasta que no se cumpla efectivamente con todas las obras previstas en su momento.

Entre esas obras se destacan la ampliación de la Autopista desde Avellaneda hasta el peaje de Hudson y los trabajos vinculados a la bajada de Villa Elisa y al enlace con el camino Centenario.

En ese sentido, el juez Armella subrayó que tales obras fueron asumidas por Coviares en el contrato original de 1993 y en la renegociación del 2000, y le ordenó que en un plazo de 30 días corridos presente "un plan que contemple la ejecución de los trabajos de infraestructura y mantenimiento a los que está obligada", puntualizando que "el inicio de las obras no podrá exceder el plazo de 180 días corridos" contados desde esta resolución.

Pero además el magistrado dispuso que en un plazo de 30 días se complete la renegociación del contrato asumida -entre Coviares y el Estado nacional a través del ministerio de Planificación y la Dirección de Vialidad- en el 2009, en las que se determinó un conjunto de nuevas obras: la continuación de la Autopista hasta la Av. 60, la construcción de las colectoras de Gonnet y Villa Castells y la reconstrucción de la ruta 19. Y precisó que deberán elevar a la Justicia el plan y los plazos de ejecución que acuerden sobre esos trabajos.

Asimismo, el juez puntualizó que sobre el "estricto cumplimiento" de los plazos "tendrán responsabilidad concurrente" la empresa y el Estado nacional.

Armella fundamentó la medida con conceptos fuertemente críticos del estado de la Autopista. Así, señaló que la no construcción del tercer carril hasta Hudson "es un incumplimiento especialmente grave, porque la excesiva cantidad de autos genera un colapso que no sólo deteriora la calidad del servicio sino que pone en riesgo la seguridad de los miles de vehículos que circulan diariamente".

También destaca que "los usuarios sufren penurias diariamente debido al mal estado de las calzadas y la falta de limpieza, iluminación y mantenimiento general, todas deficiencias que pueden tener un impacto directo en su integridad física", y menciona "la existencia de animales sueltos en varios tramos y las fallas de seguridad que facilitan la repetición de ataques a los automovilistas".

Así, el juez considera que "en vista del nuevo aumento y el manifiesto empeoramiento de la calidad del servicio que se brinda a los usuarios, no resulta aplicable el principio de presunción de legalidad" que los actos administrativos presuponen en general, y estima que en este caso el incremento acto "afectaría el derecho de los usuarios a circular por una autovía que reúna las condiciones de seguridad necesarias y a que se cumplan las obras previstas por contrato".

JI