En un duro e inédito pronunciamiento, la Suprema Corte bonaerense reclamó a los jueces que garanticen el funcionamiento de los tribunales frente a la extendida medida de fuerza que vienen desarrollando los empleados judiciales. Una orden en cuyo marco, además, ratificó que descontará los días de paro y, al rechazar ser mediadora en el conflicto, instó tanto el gremio como al Ejecutivo a que "desanden actitudes intempestivas o poco racionales".

Y simultáneamente, la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado ayer mismo por el Colegio de Abogados de la Provincia, y ordenó "garantizar el libre ingreso, permanencia e ingreso" en "todas las dependencias judiciales" y que "se celebren todas las audiencias fijadas".

El encargado de sentar la posición de la Corte en el conflicto salarial que se desarrolla en la Justicia fue el nuevo presidente del alto tribunal, Eduardo de Lázzari. Y fue a través de un mecanismo inusual: una teleconferencia con mil jueces de los 18 Departamentos Judiciales de la Provincia.

"Los derechos de huelga, de peticionar y de reunión ciertamente merecen y tienen reconocimiento. Pero deben ejercerse en un contexto que no colisione con otros igualmente respetables. Porque también conforma garantía constitucional ineludible la tutela judicial continua y efectiva, el acceso a la justicia", indicó.

Y al reclamar que estén en pleno funcionamiento los tribunales, De Lázzari les recordó a los jueces que "la adecuada prestación del servicio de justicia es una exigencia indeclinable e irrenunciable para el Poder Judicial. No es posible privar de justicia al habitante de la Provincia o prestarla deficitariamente".

"Por supuesto que su aseguramiento constituye tarea esencial de la Suprema Corte. Pero también lo es de todos y cada uno de los magistrados en su propio ámbito funcional. Todos los jueces, cualquiera sea su competencia, su fuero o su grado, tenemos el deber de garantizar esa prestación", exigió.

De Lázzari insistió ante los magistrados en mantener abiertos los tribunales pese a los paros de los empleados. "Partiendo entonces de las premisas de que la prestación del servicio de justicia es ineludible y no negociable, nos encontramos en una situación en la que -por ahora- sólo nos cabe aunar esfuerzos y aplicarnos al cumplimiento estricto de nuestras obligaciones funcionales".

Y luego reafirmó esa exigencia. "Si la prestación del servicio de justicia es indispensable, indispensable es que los Juzgados tengan sus mesas de entrada abiertas, que los justiciables y los profesionales reciban debida atención, que las audiencias se tomen, que los escritos se despachen y que las resoluciones se notifiquen", arengó.

Es que el paro está afectando el funcionamiento de diversos juzgados e incluso el Colegio de Abogados de la Provincia anunció que presentará un recurso de amparo para que se garantice la atención.

Por otra parte, De Lázzari ratificó que la Corte aplicará descuentos por los días de paro que vienen realizando los empleados. "Es necesario que se cumplimenten acabadamente las reglamentaciones vigentes en orden a la información sobre presentismo", sostuvo.

En ese sentido recordó que "la normativa (que establece los descuentos) está para ser cumplida. Podemos comprender la natural actitud de quienes quieren que no se sigan consecuencias desfavorables a su personal, más no podemos omitir nuestros propios deberes". Y aclaró: "El respeto del derecho de huelga no incluye un plus consistente en pagar por tareas no realizadas".

El titular de la Corte justificó además esa decisión en función de determinar la real incidencia de las medidas de fuerza. De Lázzari dijo que "la realidad (de la adhesión a los paros) demuestra un panorama diverso. A estar a las propias cifras de concurrencia a las asambleas celebradas en los distintos departamentos judiciales que publica la organización gremial en su página, la cantidad de adherentes es muy baja. Entonces, pongamos las cosas en su quicio".

Por otra parte, el titular de la Corte dijo que "compartimos la aspiración de obtener mejoras para todos, y especialmente para los sectores del personal más desfavorecidos", pero al mismo tiempo remarcó que "el Poder Judicial no es una isla. Lamentablemente sufre las mismas carencias que se perciben en otros ámbitos de la administración provincial, en un marco general signado por graves dificultades económicas".

Así, definió que "el conflicto actual es un eslabón más de una situación signada por expectativas que confrontan con limitaciones y carencias generalizadas en la Provincia".

En ese marco, De Lázzari también rechazó, al menos por ahora, iniciar un proceso de mediación entre la Asociación Judicial Bonaerense y el gobierno bonaerense, tal como está pidiendo el sindicato. "El actual (conflicto) es un desacuerdo externo a las posibilidades de la Suprema Corte, que no está en condiciones de definirlo por más que sus consecuencias repercutan directamente en el ámbito del Poder Judicial", dijo.

Y concluyó con una crítica al gremio y al Ejecutivo, al reclamar gestos de ambas partes que permitan ensayar ese mecanismo de conciliación. "Señales que únicamente podrán emerger en la medida en que los polos del conflicto desanden actitudes intempestivas o poco racionales que más que acercar alejan posiciones; dejen de apostar al todo o nada y en su lugar se empeñen en la búsqueda de un camino fértil de negociaciones", exigió.

JI