El opositor venezolano Rolando Figueroa vuelve a estar al borde de la extradición a su país después de que el Ministerio de Interior le haya vuelto a denegar el asilo político. Asegura que el presunto delito de estafa por el que le reclama Caracas es fruto de una causa "inventada" para perseguirle por "pensar distinto" al Gobierno de Nicolás Maduro. Por ello, ruega a España que revise su caso antes de enviarlo a Venezuela, donde se enfrenta a un "riesgo de muerte".

La batalla legal de Figueroa se remonta a 2018, cuando la Justicia venezolana pidió su extradición por, supuestamente, haber estafado a una mujer que había contratado varios tratamientos médicos con una empresa de productos sanitarios. La presunta víctima habría pagado más de 200.000 dólares sin recibir tratamiento alguno, de acuerdo con el relato recogido en la resolución del Ministerio de Interior.

Su extradición quedó aprobada en julio de 2020 pero, por problemas logísticos relacionados con la pandemia, no llegó a materializarse. Un año después se reactivó. Figueroa pasó unos meses encarcelado en Teixeiro (Coruña) hasta que salió en libertad condicional después de que su entrega quedara suspendida por esta segunda petición de asilo.

El pasado 12 de abril, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska le negó nuevamente el asilo por las mismas razones que la primera vez: "No hay datos para apreciar que el solicitante desarrollase una actividad relevante de oposición política ni que haya sido víctima de cualquier forma de represión o persecución por tal motivo".

Esta última denegación de asilo podría reavivar la extradición

"Completamente devastado"

Figueroa dice que se encuentra "completamente devastado" pero también "esperanzado" porque confía en que las autoridades españolas repasen su caso para llegar a una conclusión distinta, mostrándose deseoso de aportar cualquier información que puedan necesitar "y terminar de pasar por esta pesadilla". Con ese objetivo, esta misma semana se ha reunido con la adjunta al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez Becerril, para contarle su situación.

"Desde un principio fui tildado de escuálido, así se llama a una persona que no es afecta al régimen, que no es un 'madurista', que no se doblega a las exigencias que ellos hacen", describe. En su caso, cree que los señalamientos vinieron porque desde su puesto gestionaba, precisamente, las extradiciones y frenó "muchísimas persecuciones", sobre todo a estudiantes que habían participado en protestas opositoras.

"Me gané muchos enemigos", afirma. De acuerdo con Figueroa, empezaron reprochándole que no fuera a mítines 'chavistas' y la presión alcanzó tal punto que dejó su cargo. Pero las "amenazas" no habrían quedado ahí. Así indica que Rojas llegó a infiltrarse en las multitudinarias manifestaciones que se produjeron contra Maduro en los años siguientes a la muerte de Hugo Chávez para identificarle como claro opositor. "Me dijo: 'Sabíamos que eras un traidor a la patria'", recuerda.

En este contexto, asevera que la presunta estafa no es más que "una artimaña" ideada por Rojas, a la que incluye en el "cártel" de Maduro, para destruirle. "Son hechos completamente infundados", con un nivel de "incongruencia" que los hacen "novelescos", insiste, para aclarar que solo era asesor legal de la empresa denunciada. "Es una causa para perseguirme políticamente", zanja.

"Al pisar Venezuela, soy torturado"

En segundo lugar, advierte de que "esto es un tema de vida o muerte". "De ser metido en un avión, al pisar Venezuela yo soy torturado (...) No se sabrá más nunca nada de mí", sostiene sin ninguna duda, hablando directamente de que "existe un riesgo latente de muerte" porque denuncia que el país funciona ya como un "narco-régimen" donde "no hay separación de poderes".

"No me están entregando a un país de Schengen, no me están entregando a un país donde se respeten los Derechos Humanos y se garantice un debido proceso (...). Todos los funcionarios del Gobierno están sancionados por Europa y perseguidos en Estados por narcotráfico", recalca.

Figueroa enfatiza que su único delito ha sido "pensar distinto" y por eso espera que la decisión sobre su asilo pueda ser "revisada y revertida". "Sigo creyendo fervientemente en la Justicia de este país, en las instituciones políticas de este país, en el Estado de Derecho y en la democracia que hay en España y lo seguiré creyendo hasta el final", declara. "Yo lo que quiero es vivir en paz con mi familia, más nada". (Europa Press)