Ya he podido esbozar aquí distintos aspectos del gobierno municipal que pretendemos para La Plata (1), y si bien no es necesaria una reforma constitucional para llevarlos a la práctica, todos ellos se verían robustecidos con un nuevo orden jurídico-político que libere a los municipios del sistema cerrado que hoy los sujeta. Tapalqué no es lo mismo que La Matanza, ni Balcarce es lo mismo que Trenque Lauquen. Sin embargo, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires están igualados por la Ley Orgánica de las Municipalidades, que los trata de la misma forma.

Con las reformas de 1994, la Constitución Nacional establece que las provincias deben asegurar la autonomía municipal, un régimen de añejo uso en 20 provincias. Pero en la provincia de Buenos Aires, ese mismo año, no se pudo modificar el capítulo que dedica al régimen municipal, así que en ese punto seguimos como en 1934.

Aquella reforma constitucional de 1994 recogió los reconocimientos de varias constituciones provinciales que establecían la autonomía de sus municipios, junto al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1989, conocido como "caso Rivademar", en el que interpretó que los municipios eran constitucionalmente autónomos (pueden darse su propio ordenamiento jurídico-político) y despejó el concepto de "autarquía" (administración delegada) con el que se los encorsetaba hasta entonces.

Algunas de sus razones: el origen constitucional de los municipios; la existencia de una base sociológica (la población de la comuna), ausente en entidades autárquicas; la imposibilidad de la supresión de los municipios; la condición legislativa de las ordenanzas municipales, frente a la condición administrativa de las resoluciones de entidades autárquicas; el carácter necesario de los municipios, frente al carácter contingente de las entidades autárquicas y la elección popular de sus autoridades.

Sostengo que necesitamos esta "ebullición ideológica" en cada municipio, a menos que se considere posible una democracia sin desmonopolización del poder político, una democracia sin distribución igualitaria del acceso a los medios de participación política, dejando de lado que es la acción política la que instituye la naturaleza del poder: cómo decidir el régimen de selección y circulación de las élites, cómo establecer las relaciones entre gobernantes y gobernados, quienes deben hacer la ley y quienes deben obedecerla, qué perfil productivo se pretende y cuáles son los criterios básicos para la producción y distribución de la riqueza.

No sólo es necesario contraponer una justa y democrática distribución de la riqueza a un sistema injusto y autoritario de asignación de recursos económicos. También se trata de promover una justa y democrática distribución del poder a un sistema injusto y autoritario de asignación de recursos políticos. Salvo que se pretenda mantener al pueblo despolitizado, es decir, desafectado de la "cosa pública", que sólo pueda seguir manifestándose de dos modos: replegándose en su círculo íntimo y despreocupándose de lo político, hasta en su expresión más básica, que es la votación, o concibiendo la representación política como una simple delegación de su poder y de su responsabilidad en unas cuantas personas a las que ni siquiera conoce.

Notas

(1) "Nadie está pensando en la inclusión política": http://www.cadenaba.com.ar/nota.php?Id=40602; "El próximo Presupuesto Participativo tendrá que ser integral":http://cadenaba.com.ar/nota.php?Id=55168; "Apuntes para un programa comunal de gobierno": http://cadenaba.com.ar/nota.php?Id=43139; "Hacia un cuarto nivel de gobierno": http://cadenaba.com.ar/nota.php?Id=43393).

(*) Carlos Sortino exclusivo para Cadena BA. 15/7/2019

Periodista, ex docente de la UNLP. Referente de la Agrupación Municipal Compromiso y Participación (COMPA): https://www.facebook.com/COMPALaPlata/