Porque quien indica los movimientos a seguir por las fuerzas de seguridad en cualquier caso y especialmente en un día crucial como lo fue el de la reasunción del gobernador Daniel Scioli y la asunción vicegobernador Gabriel Mariotto,  es el Ministro de Seguridad con instrucciones precisas al Jefe de la Policía y de allí para abajo se ejecuta la orden. Sin embargo, cómodamente,  el hilo se cortó por lo más delgado. Como resultado, la infantería de la policía también puso en tela de juicio el desempeño de Casal, ya largamente cuestionado.

El 7 de enero de 2012 en el diario de los Mitre, uno de sus columnistas destacados narró un episodio que es otra prueba contundente de los manejos del ministro Casal. El episodio muestra y demuestra -con las declaraciones de un testigo de identidad reservada- que el hecho sucedido en Valeria del Mar hace más de un año  fue un escenario prefabricado. Andrés Lezcano baleado como delincuente al parecer no lo era. Su compañero de ese momento, que se escapó, tardó un año en atreverse a contar, bajo identidad protegida, el lado verdadero del simulacro urdido.

En verdad aquel procedimiento fue una teatralización para cumplir con la orden de Casal, quien unos días atrás había exigido una acción contundente en esa ciudad a los comisarios Juan Carlos Paggi, Salvador Baratta, Matzkin y Claudio Fernández, que integraban por entonces la conducción de la fuerza.

El resultado del falso procedimiento dio como resultado la prisión del jefe de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Villa Gesell, Claudio Arnouk, hombre de Matzkin, quien organizó la balacera contra Lezcano. La historia tiene más entremeses muy interesantes. Lo que interesa ahora es tomar nota de la gravedad de las características del procedimiento, de los nombres de quienes recibieron la orden y que dicha orden fue impartida por Casal.

El estilo de conducción del Ministro, alcaide mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense,  y sus procedimientos, a gran parte de la bonaerense no le es extraña ni le resulta difícil seguir. Es que la cultura institucional de las fuerzas de seguridad terminó de instalarse a sangre y fuego con su participación en los operativos de las FFAA durante la dictadura cívico-militar.

Para no retroceder  hasta la década del 80, fin de la dictadura,  y permanecer en el presente, que es lo que importa y le interesa a la población, se ve palmariamente que  Casal no tiene una política para modificar esa cultura institucional nefasta sino que con sus manejos la refuerza.

En el despliegue de la política de Casal, es importante observar que el desprestigio es pagado por todos los integrantes de las fuerzas de seguridad bonaerense en las que hay material humano para iniciar una política con objetivos claros, para modificar las instituciones apoyándose en las personas éticas y trabajadoras que las componen. Las órdenes de Casal ahondan las marcas vinculadas con la corrupción, el cinismo y la mentira.

Para el gobernador Scioli y el ministro Casal es más fácil apoyarse en la vieja cultura, no tocar los "mostradores" y desplegar cada tanto operativos donde se decomisa cargamentos de cocaína que a medida que avanza el día adelgaza rápidamente con la pérdida acelerada de kilos; "encuentra" desarmaderos o prostíbulos, procedimientos todos llevados a cabo a toda orquesta y delante de las cámaras de TV. Una puesta en escena efectista para demostrar lo acertada de la política del Gobernador y el Ministro de Seguridad.

Casal reafirma su presencia, avalado por el gobernador, con la creación de estructuras como lo es la Superintendencia de Cuerpos anunciada con bombos y platillos. Más maquillaje. Como si la forma no fuera forma de un contenido. Esta estructura será comandada por hombres cercanos al ministro como el comisario general Roberto Castronuovo, hombre de extrañas relaciones. Se lo vincula al "Topo" Moreyra, imputado de haber sido el autor intelectual del crimen de Candela. Si no hay cambios en las decisiones Castronuovo manejará la Superintendencia de Cuerpos, lo que significa que se le hace entrega de amplios poderes: Infantería y Caballería, el grupo Halcón, Bomberos y la dirección de Islas del Delta.

Esta apretada síntesis de gestión se complementa con la confirmación de Sara Derotier de Cobacho a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Esto significa que continúa la ausencia de una política clara y pertinente en esa  Secretaría. Sara Derotier de Cobacho fue una militante reconocida de los Derechos Humanos. Pero el deterioro de su salud la tornan un obstáculo para el funcionamiento fluido y efectivo la Secretaría que prácticamente no está en sus manos sino en las del subsecretario de Derechos Humanos Fernando Cano. El presidente del CELS Horacio Verbitsky acusó a Cobacho de haber protegido a los gobernadores que la designaron, Solá y Scioli, de cualquier denuncia por la acción policial. Para completar el cuadro la inacción de Cobacho es a ojos vista funcional a la política de seguridad de la provincia. Sólo así puede explicarse su confirmación en el cargo.  

Los acontecimientos enunciados constituyen un cóctel explosivo que indefectiblemente reventará en las narices de Scioli porque no se puede tapar el cielo con las manos.