Aunque con cautela en espera a lo que pueda ocurrir en el plano nacional, el oficialismo le dio nuevo impulso a una reforma en el régimen de financiamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, que contempla la utilización de aportes privados, la reducción de los estatales y la regulación de la publicidad en internet y redes sociales.

La propuesta había surgido a mitad del año pasado, pero perdió fuerza con el correr de los meses, a la par que el Gobierno nacional impulsaba su propio proyecto. Sin embargo, el escándalo por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos y el difícil panorama que se le presenta al oficialismo en el Congreso, hicieron que el Ejecutivo bonaerense vuelva a impulsar una iniciativa de alcance provincial.

Fuentes parlamentarias indicaron que la iniciativa aparece como un "plan B", en caso de que finalmente naufrague el intento de Cambiemos por aprobar una nueva ley de financiamiento partidario a nivel nacional. Es que en el oficialismo descartan un desdoblamiento de las elecciones, como surgió en las últimas horas, y creen que de haber una norma avalada por el Congreso existiría un "paraguas" que haría redundante una legislación provincial.

De todos modos, la movida tiene el "ok" de Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y tiene cuatro líneas maestras: la bancarización total de los aportes de campaña, de modo que se pueda trazar de qué cuenta surgió el aporte (por ello se prohibirían los depósitos bancarios anónimos, por "ventanilla"); la habilitación a empresas privadas para que financien las campañas; un recorte de los aportes estatales; y el control de las publicidades en internet y redes sociales.

Por ahora, en el oficialismo continúan trabajando con borradores, pero esperan tener el debate iniciado antes de fin de 2018. En el impasse de casi un año, sin embargo, no hubo prácticamente avances. (DIB)