La reciente Contadora General de la Provincia, María Fernanda Inza, fue desplazada por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por estar involucrada en las denuncias de la utilización indebida de identidades de beneficiarios de planes sociales para blanquear aportes de campaña de Cambiemos.

La medida se dio después de que el juez federal Sebastián Casanello citó a los primeros testigos que figuran como aportantes de Cambiemos sin haberlo sabido jamás para avanzar en la investigación; y como Inza fue la responsable de gestionar los aportes privados a la campaña y la consolidación de su relación la llevó posteriormente a ser nombrada Secretaria Legal y Técnica de la Provincia, cargo que dejó para ser promovida como Contadora.

La gobernadora ordenó además realizar "una auditoría interna sobre todos los aportes privados" a la campaña bonaerense del oficialismo en 2017.

"Mi conducta ha estado basada a lo largo de mi vida en la honestidad y ante estas denuncias sobre aportes falsos en la campaña tomé tres decisiones muy concretas. La primera es ordenar una auditoría sobre la rendición de fondos. En segundo lugar, le he pedido en el día de hoy la renuncia a contadora Fernanda Inza, a cargo de la Contaduría General de la Provincia", afirmó Vidal.

La mandataria dejó en claro que personalmente cree en la "honestidad" de su colaboradora, pero no quiere entorpecer la justicia manteniéndola en el cargo.

No obstante, reconoció que Inza "formó parte del equipo de rendición de campaña" de 2017.

"Hace muchos años trabaja conmigo, la conozco, confío en ella, y no tengo elementos que demuestren su involucramiento en este caso. Pero no quiero entorpecer la justicia y ante cualquier problema doy la cara como lo he hecho siempre", agregó la titular del Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que en el marco de los aportantes truchos se conocieron por lo menos 400 casos de personas que figuraban como financistas de la campaña, sin que jamás lo hubieran sabido. La mayoría de ellos son personas de condición humilde o hasta beneficiarios de planes sociales.

La situación revela a priori que las autoridades del PRO en la provincia de Buenos Aires violaron varios artículos del Código Penal y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.