La iniciativa, que la semana pasada logró despacho de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, será acompañada por el massismo y un sector del peronismo, entre los que se cuenta el "bloque de los intendentes".

El proyecto apunta a acelerar el procedimiento de remoción de jueces y fiscales, a partir del acortamiento de los plazos procesales. El punto más polémico es el criterio de "ultra actividad" de los jurados, por el que se dispone que la presidencia de un Jury siga a cargo de quien sea el titular de la Corte en el inicio del procedimiento, más allá de que luego se reemplazado de ese lugar en el máximo tribunal.

En el oficialismo aseguran que esto apunta a acelerar los debates: sostienen que como la titularidad del máximo tribunal es rotativa, esos cambios llevan a reorganizar todo el proceso y demoran en varios meses las sentencias. Sin embargo, el kirchnerismo rechaza el argumento y sostiene que el artículo está dirigido a algunos procedimientos puntuales, como el caso del juez contencioso de La Plata, Luis Arias.

Frente a esto, uno de los cambios introducidos es una cláusula transitoria para que el nuevo sistema no se aplique con retroactividad, es decir, con los procedimientos abiertos antes de la aprobación de la ley.

Contra Farmacity

Uno de los puntos polémicos de la sesión del jueves girará en torno al posible desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires. El massismo buscará tratar un proyecto que endurece las condiciones para prohibir la instalación de la cadena, frente al dictamen del Procurador General que sugirió a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la medida.

La iniciativa, presentada por el diputado Lisandro Bonelli, declara "taxativo", el artículo 14 de la ley 10.606, el punto que detalla quiénes pueden instalar farmacias en la provincia. Sucede que la ley no detalla una prohibición a las sociedades anónimas (tal el caso de Farmacity) y ese fue el resquicio legal del que se aferra la empresa de Mario Quintana para su avanzada en la Justicia.

El Frente Renovador negocia con toda la oposición para avanzar con la medida, pero ante algunas ausencias previsibles, necesitará una mano de Cambiemos, que busca evitar ese debate.

Finalmente, el jueves podría aprobarse un proyecto que impone multas de hasta 7 mil pesos a quienes incurran en acoso callejero en la provincia.

La iniciativa entiende por "acoso callejero" toda conducta o acción física o verbal, de naturaleza o connotación sexual, basada en el género, identidad y/u orientación sexual, realizada por una o más personas en contra de otra u otras que no desean o rechazan estas conductas.

Establece también que esas conductas, para ser tipificadas como "acoso", deben "afectar su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo, siempre que no constituya otro delito".

En tanto, a quienes incurran en este tipo de prácticas y sean denunciados se les impondrán multas equivalentes a entre el 20 y el 40% del haber mensual de un agente de la Policía Bonaerense. Es decir, entre 3.500 y 7.000 pesos según los valores actuales. (DIB)