"El kirchnerismo, sea Ctera, la Cámpora o Unidad Ciudadana, cree que son el centro del mundo y nosotros no gobernamos para ellos sino para todo el país, por eso promovimos este decreto", afirmó el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, al defender la medida publicada en el Boletín Oficial, que quitó en las paritarias docentes la representación gremial proporcional por número de afiliados y eliminó el artículo que establecía la discusión salarial.

Finocchiaro explicó que la modificación de la representación gremial en la mesa de negociación no busca quitarle poder a CTERA como gremio mayoritario sino darle igual participación a otras entidades, lo cual "democratiza el debate".

"En el viejo decreto decía que se armaba la mesa respecto a la cantidad de afiliados de cada gremio. Nunca se usó esa fórmula, pero hubo un acuerdo entre Ctera y el Gobierno que en la mesa de 9, Ctera tenía 5, UDA 1, MET 1, CEA 1 y Sadop 1. Lo que hicimos fue ordenar eso y le dimos un representante a cada gremio, para que todos tengan igualdad de voces como tiene la ciudad de Buenos Aires", agregó.

Sobre las denuncias de los líderes de los sindicatos y amenaza de denunciar al Estado argentino a la OIT, el funcionario se lamentó de que "el kirchnerismo, sea Ctera, la Cámpora o Unidad Ciudadana, crea que son el centro del mundo y exijan ese trato".

"Nosotros no gobernamos en lo que va a pensar el kirchnerismo, nosotros estamos pensando en el futuro, en el país que queremos dejar en el 2019", añadió el titular de la cartera educativa.

En líneas generales, Finocchiaro dijo que el decreto presidencial es "moderno" y "democrático" y a su entender adecuado a las nuevas discusiones que deben darse entre el estado y los gremios docentes.

Cabe señalar que además de la representación gremial no proporcional a la legitimidad de las entidades, lo más polémico del decreto es la modificación del artículo 7 del decreto 457/2007, que reglamenta a la Ley de Financiamiento Educativo.

El artículo en cuestión indicaba que el Estado tenía la obligación de negociar con los representantes gremiales  la "retribución mínima de los trabajadores docentes" y aspectos de aumentos de haberes. 

El nuevo decreto obliga al Estado sólo a discutir cuestiones como "Condiciones de ingreso a la carrera docente", régimen de vacantes", "jornadas de trabajo", "derechos sociales y previsionales", pero no mejoras salariales.