La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino "medidas alternativas a la detención preventiva" de la dirigente social Milagro Sala, "como el arresto domiciliario" o bien que "pueda enfrentar los procesos (judiciales) en libertad con medidas como la fiscalización electrónica". Este pedido integra las "medidas inmediatas" contempladas en una cautelar otorgada por la CIDH en favor de Milagro Sala, cuyo alcance se conoció hoy y que habían solicitado ante ese organismo de la OEA, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina y la asociación de abogados del noroeste argentino ANDHES.

"La Comisión tomó en cuenta que existen una serie de particularidades que rodean la privación de la libertad de la señora Milagro Sala e identificó múltiples factores de riesgo que incluyen presuntos hostigamientos, una amenaza de muerte y agresiones en su contra", señaló la CIDH en un comunicado.  Además, "verificó la continuidad de la privación de la libertad de la señora Sala, a pesar del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que en su opinión 

31/2016, publicada en octubre de 2016, calificó tal detención como arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, llamando a su liberación inmediata". 

"La Comisión determinó que la suma de las fuentes de riesgo identificadas se traduce en una situación de riesgo a la vida e integridad de la señora Sala que requieren medidas inmediatas para salvaguardar sus derechos", subrayó.

En el comunicado, también indicó "que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables".

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Nación informó que comunicará a "las autoridades judiciales y administrativas" de Jujuy las medidas solicitadas por la CIDH respecto de "las condiciones de detención" de Sala, "tendientes a garantizar su integridad personal", para "su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales".

"El Gobierno Nacional reafirma su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia", concluyó la SDH en su breve comunicado.

En el mismo sentido, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, declaró a Télam que "se dará traslado hoy mismo a la justicia de Jujuy para que ellos puedan tomar nota, actuar en consecuencia y antes de que se cumpla el plazo establecido por la CIDH, de 15 días hábiles a partir de hoy, podamos tener una resolución favorable". "Esperamos tenerlo en los próximos días resuelto y dar un paso adelante en este proceso que ya lleva tanto tiempo", expresó el funcionario.

A su vez, la organización Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, afirmó en un comunicado que, tras la resolución de la CIDH, "ya no hay más excusas, el Gobierno nacional debe dejarla en libertad".

La CIDH divulgó hoy la resolución fechada ayer al mismo tiempo que, en una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en la sede del CELS, su presidente, Horacio Verbitsky, señalaba que la cautelar reiteró que la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria "obliga" al Estado argentino a concretar la "liberación inmediata" de Sala, encarcelada en Jujuy desde enero de 2016.

Entre otras consideraciones, el titular del CELS sostuvo que al otorgar la medida cautelar la CIDH tomó en cuenta que Sala fue detenida a mediados de enero de 2016 durante una protesta social pero también el conjunto de las causas judiciales acumuladas en su contra con posterioridad.

En las numerosas causas penales promovidas en su contra, impulsadas en su mayoría por el gobierno de Jujuy y su fiscal de Estado, Mariano Miranda, Milagro Sala está acusada de fraude en el uso de fondos públicos destinados a viviendas sociales, extorsión y asociación ilícita, entre otros delitos. 

A mediados de junio último, una delegación de la CIDH había visitado a Milagro Sala en el penal del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

Previamente, la delegación encabezada por el presidente de la CIDH, Francisco de Eguiguren, se había reunido con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el fiscal de Estado Mariano Miranda.

En esa ocasión, Eguiguren declaró a la prensa que la comitiva de la CIDH viajó a Jujuy, invitada por el gobierno provincial, para conocer en terreno la situación de Sala y en el marco de la medida cautelar solicitada a la Corte Interamericana, otorgada este jueves.

 

El comunicado de la CIDH

CIDH otorga medida cautelar sobre Milagro Sala en Argentina

El 27 de julio de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar con base en la solicitud presentada en relación con la situación de la señora Milagro Sala, quien se encuentra privada de la libertad, desde enero de 2016, en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como "Penal del Alto Comedero", en Argentina.

Tras valorar la información aportada por el Estado argentino y los solicitantes, así como las constataciones realizadas en su visita el 16 de junio de 2017, la Comisión concluyó que la señora Milagro Sala se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable.

La Comisión tomó en cuenta que existen una serie de particularidades que rodean la privación de la libertad de la señora Milagro Sala e identificó múltiples factores de riesgo que incluyen presuntos hostigamientos, una amenaza de muerte y agresiones en su contra. Asimismo, la Comisión verificó la continuidad de la privación de la libertad de la señora Sala, a pesar del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que en su opinión 31/2016, publicada en octubre de 2016, calificó tal detención como arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, llamando a su liberación inmediata. La Comisión determinó que la suma de las fuentes de riesgo identificadas se traduce en una situación de riesgo a la vida e integridad de la señora Sala que requieren medidas inmediatas para salvaguardar sus derechos.

En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado argentino que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala; b) concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y c) tomando en cuenta la excepcionalidad de la prisión preventiva, y el agravamiento de la situación riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que tiene la continuidad de la privación de libertad de la beneficiaria, así como los presuntos hostigamientos que habría enfrentado y la necesidad de salvaguardar tales derechos, las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares descritos, medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica.

La Comisión indicó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.