El Decreto 70/2017, publicado en el Boletín Oficial de este lunes, fundamenta la medida en "recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento ante lo cual el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación".