En el año 2010, un grupo de ocho intendentes del PJ bonaerenses se desprendieron del denominado "kirchnerismo" y empiezaron a marcar una diferencia sobre las políticas públicas en sus territorios respecto de sus pares provinciales y nacionales, con un fuerte anclaje en la Seguridad Pública.

Este G8, que luego terminó siendo la base fundacional del Frente Renovador con su líder Sergio Massa, hacía fuerte hincapié en el traspaso de la Fuerza Policial bajo sus mandos políticos, justificados en una "ola de inseguridad" creciente. Finalmente, esto no ocurrió en el 2014, a pesar de la presentación de media docena de proyectos de ley discutiéndose en la Legislatura Provincial.

Sin embargo, el entonces gobernador Daniel Scioli firmó un decreto (373/14), que ordenó a su ministro de Seguridad la creación de una Policía Local (Resolución Ministerial 835/14), para trabajar de manera "coordinada" con los intendentes que firmen dicho convenio y lo ratifiquen a través de sus Concejos Deliberantes.

Cualquier ciudadano podría pensar que este tipo de discusiones sobre una problemática latente que afecta a todos y la creación de nuevas herramientas podrían mitigar el flagelo de la inseguridad, pero esto no ocurrió, sino que se generó una gran distorsión, y se redujo a que los funcionarios se preocupen sólo por mostrar "cinematográficas persecuciones" y celebrar cada semana el egreso de nuevos uniformados, pero sin reducir la violencia ni el crimen.

La seguridad en manos de "municipales disfrazados de policías"

A fin de generar cierta presión pública, desde el Municipio de Tigre, se montó una seudo fuerza policial denominada COT, la cual cuenta con Centro de Monitoreo, un canal de YouTube y muestra con espectacularidad los operativos que realizan. Sin embargo, lo que ocultan son las violaciones a la ley y derechos que sus mismos empleados cometen.

En el año 2012, decenas de policías de la Policía 2 se rebelaron contra un sistema mixto de patrullajes en los móviles del COT, denunciando abusos por parte de los choferes municipales y portación ilegal de armas por varios de estos; como así también, atropellos a derechos de civiles, los cuales eran abordados por los empleados municipales con prepotencia y claros abusos.

Este hecho puntual fue controlado por el Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos con una persecución administrativa a quienes denunciaron las irregularidades que se cometían y se siguen cometiendo desde el Centro de Operaciones Tigre. De hecho, el jueves pasado, trascendió un video dónde personal municipal del COT mantenía reducido a un repartidor, el cual se atrevió a pedirles que corran la patrulla municipal para poder salir a trabajar.

El uso de la Fuerza Pública por parte de empleados municipales, significan un grave abuso de poder, pero fue negado hasta por un comunicado oficial de la propia Municipalidad de Tigre, culpando al repartidor que pretendía trabajar y tres trabajadores más que se atrevieron a darle la razón. El resultado de este abuso de poder por parte de los municipales fue: cuatro trabajadores detenidos a disposición de la Justicia, uno de ellos con fracturas y contusiones.

Más "ciudadanos disfrazados de policías" no es sinónimo de mayor seguridad, ni mucho menos más intendentes teniendo el poder sobre la fuerza pública. Estas seudo fuerzas de seguridad municipales, y la incorporación de decenas de miles de policías dependientes de los intendentes nos vienen dejando costos lamentables en vidas perdidas por falta de planificación.

El Gobierno provincial debe tomar decisiones, comenzar a reordenar los medios con que cuenta y garantizar que la ley se cumpla para todos como primer garantía de seguridad jurídica e institucional.