La iniciativa, enviada por el gobierno de María Eugenia Vidal y que recibió algunas modificaciones en el Senado, en la Cámara de Diputados fue acompañada por los votos de Cambiemos, el Frente Renovador y el Frente Amplio Progresista, y rechazada por el Frente para la Victoria.

La aprobación de la norma derivó en incidentes afuera del palacio legislativo, donde trabajadores enrolados en gremios estatales bonaerenses rompieron vidrios e incendiaron un sector de acceso al edificio parlamentario.

Los incidentes provocaron también un cruce entre diputados bonaerenses dentro del recinto, donde unos exigían que se proteja el palacio legislativo y otros pedían que no se reprima a los trabajadores.

Adentro el cruce fue también político y comenzó cuando la bancada del FpV propuso que una comisión de representantes gremiales, que protestaban afuera, pudiera ingresar a los palcos del recinto para presenciar la sesión.

La propuesta de la oposición fue rechazada por los demás bloques e inmediatamente después el titular de la bancada de Cambiemos, Jorge Silvestre, mocionó para que la Emergencia sea votada sin debate previo.

La proposición fue avalada por la mayoría y luego se puso en votación el proyecto, que fue convertido finalmente en ley. Esa maniobra fue cuestionada a los gritos en el recinto por los diputados del FpV y el PJ, quienes anticiparon que podrían pedir la nulidad de la sesión.

El proyecto, que ahora deberá ser promulgado por el Ejecutivo, fue justificado en "la necesidad de establecer un procedimiento eficiente y ágil para garantizar la provisión de bienes y servicios, sin alterar los principios básicos de las compras públicas".

La intención de la emergencia es "revertir los plazos actuales de las licitaciones, que son inviables y que van de 6 meses para la contratación de bienes y de 9 a 11 meses para la obra pública".

La iniciativa busca además modernizar los sistemas de expedientes administrativos a través de la digitalización de los mismos y de notificaciones electrónicas.

Los gremios cuestionan la iniciativa porque entienden que "vulnera los derechos laborales de los trabajadores y abre la puerta para que el sector privado haga negocios en el Estado provincial".