El "Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas" fue centro del debate nuevamente en la Comisión de Seguridad que preside el concejal Javier García y en ese marco, la iniciativa fue duramente cuestionada por los organismos de Derechos Humanos que expusieron sus objeciones ante la mirada del autor de la iniciativa, Fernando Ponce.

Estuvieron presentes además los concejales Gastón Crespo (Progresitas), Juan José Cardozo (Cambiemos), Lorena Riesgo, Fabián Lugli y Gabriel Bruera (FpV-PJ); José Arteaga (Frente Renovador) y Gerardo Jazmín (Alternativa Vecinal).

Los primeros en cuestionar el proyecto fueron los representantes del Colectivo de Investigación Política y Jurídica quienes pusieron foco en que la iniciativa sea "una réplica del proyecto de la Nación donde el objeto es cercenar el derecho a manifestarse y toma la protesta como un delito. El protocolo regula la protesta pero no atiende a regular el accionar de las fuerzas de seguridad, al tiempo que establece acciones sobre las cuales no tiene competencia".

Desde HIJOS en tanto, ejemplificaron que "las movilizaciones llegan par a hacer visible un conflicto que evidentemente no tiene otro canal de diálogo y por ello se llega a ese punto. Es forzado traer en este momento social este protocolo".

La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, indicó en ese mismo sentido que "es una locura absoluta y una aberración jurídica lógica de una gestión que no puede gobernar sin reprimir". En la misma línea, desde la agrupación Miguel Bru resaltaron que "el fin de este protocolo es disciplinar y tiene un tinte represivo sumamente peligroso".

Desde la Campaña contra la Violencia Institucional, propusieron que se genere  un protocolo de actuación para Control Urbano en vez de plantear "aplicar artículos que provienen de la Dictadura y que cohartan las garantías individuales".

Ponce defendió la iniciativa y aseguró que "no se trata de un proyecto represivo, que no pretende cercenar ningún derecho sino que establece actuaciones para garantizar el cumplimiento de todos los derechos".

"No hay ningún marco legal donde se diga que el derecho madre de todos es el derecho a movilizarse y por ende, tengo también que representar el interés de otro sector de la sociedad que pretende cumplir otro derecho como es el de la circulación y el de ir a trabajar", apuntó.

El edil aseveró además que "planteamos la notificación previa para poder encuadrarnos en una previsibilidad que permita organizar el tránsito y los servicios sanitarios para que se realice una movilización. El que quiere asociar a este proyecto con la dictadura, es una aberración…puede gustar más o menos pero de ninguna manera pertenece a esa época nefasta de nuestra historia".

El último en tomar la palabra fue el Vicepresidente del Colegio de Abogados de La Plata, Hernán Colli quien detalló que "el Estado debe resolver los conflictos de derecho" al tiempo que explicó que "la discusión no debe perderse en torno la simpatía por quienes reclaman".

V.A