La Cámara de Diputados bonaerense aprobó esta noche y giró al Senado la declaración de la Emergencia en Infraestructura durante un año, período en el cual el Ejecutivo podrá acelerar los plazos de otorgamiento de obras sin llamados a licitación y limitando el accionar de los organismos de control.

La iniciativa fue apoyada por las bancadas de Cambiemos, el Frente Renovador y el Frente Amplio Progresista (FAP), mientras que el kirchnerismo en su conjunto expresó su rechazo y acusó al Gobierno de María Eugenia Vidal de pretender con la norma "eludir el control de los organismos".

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, declara la emergencia "en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos con el fin de paliar el déficit existente" y autoriza a todos los ministerios y secretarías a ejecutar obras y contratar servicios bajo ciertas normas de excepcionalidad, como la posibilidad de que se contrate a empresas que no se encuentren inscriptas en el registro de proveedores, la excepción de publicar las contrataciones realizadas en el Boletín Oficial y la posibilidad de que el Ministerio de Economía realice las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Uno de los puntos más resistidos por el FpV tiene que ver con el accionar de los organismos de control, cuya participación en el proceso licitatoria quedará reducida a una sola intervención (las normas vigentes disponen tres revisiones) que deberá resolver en un plazo máximo de siete días hábiles o de lo contrario se considerará aprobada.

Por otra parte, el Ejecutivo podrá prorrogar la emergencia por un año y sin la autorización de la Legislatura.

La norma crea una Comisión Bicameral integrada por tres diputados y tres senadores, a la que el Ejecutivo deberá presentar, en el plazo de 60 días, un plan de obras "que contenga los objetivos, la individualización de las obras a ejecutar, la cuantificación de la inversión y el plazo de ejecución". El organismo podrá además evaluar el grado de avance en la ejecución del plan de obras y controlará la aplicación transparente de la ley. 

Finalmente, autoriza a los organismos a ampliar hasta un 35 por ciento las prestaciones y montos de los contratos actualmente en vigencia, según informó Agencia "DIB"

El debate

Al defender la iniciativa, el diputado César Torres (Cambiemos) sostuvo que el Gobierno presentará "un plan maestro para terminar con las emergencias", mientras que su compañero de bancada y vicepresidente de la Cámara, Manuel Mosca, sostuvo que con la ley aprobada "vamos llegar más rápido a los problemas urgentes que tiene la provincia".

"Encontramos una Provincia devastada en materia de obra pública. Nos planteamos como objetivo invertir tres veces más con un ambicioso plan para obras hídricas, rutas y hospitales. Para eso, estamos trabajando también para tener una ley nueva que nos permita acotar los plazos y que una ciudad no tenga que esperar 11 meses para que arranque una obra, mientras transcurre el largo proceso de licitación", expresó el legislador.

En tanto, desde el kirchnerismo el diputado Juan José Mussi aseguró que las obras públicas ejecutadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner "fueron lo más grande que vi en mi vida", y aseguró que ello se efectivizó "sin una emergencia que pase por alto los organismos de la Constitución".

Por su parte, Ricardo Móccero (FpV) indicó que "Vidal dijo que su administración se iba a caracterizar por la transparencia y este proyecto demuestra todo lo contrario porque quieren evadir todos los controles".

En defensa de la iniciativa, el titular del bloque del Frente Renovador, Juan José Amondarain, señaló que "en los últimos 8 años hemos asistido a un festival de emergencias", y relativizó la función de los organismos de control al señalar que "no han impedido en lo más mínimo la cartelización de la obra pública y distan de tener un buen funcionamiento".

Río V

En la sesión, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la creación de un Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana, integrado por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y el Gobierno nacional con el objetivo de solucionar la problemática generada por el desborde del Río V, que afecta a varios distritos bonaerenses.

Ambas iniciativas fueron giradas al Senado, que ingresará los expedientes en su sesión convocada para el próximo martes, aunque su tratamiento ese día resulta complicado por el distanciamiento entre los bloques de Cambiemos y el Frente Renovador por la composición de las comisiones, según consignó Agencia "DIB".