La periodista Andrea Dematey, que denunció en sede policial amenazas y un operativo de amedrentamiento realizado por agentes municipales en su domicilio particular, fue recibida por el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Guido Carlotto, que mostró una profunda preocupación por los nuevos atropellos a la libertad de expresión que evidencia el caso: en las últimas horas, el municipio que conduce Carlos Selva (Frente Renovador) retiró la pauta oficial y bloqueo la distribución del diario Actualidad de Mercedes por "razones políticas", según describió Dematey.

Hace dos semanas la periodista mercedina denunció en sede policial y ante los medios de comunicación ataques a la libertad de expresión y abuso de poder, luego de que un convoy compuesto por tres camionetas y tres motos oficiales de Control Urbano irrumpieran en su domicilio particular (9 agentes en total). Según denunció Dematey, con la excusa de "entregar una notificación", los agentes desplegaron una acción intimidatoria ligada a cuestiones políticas, pues el "Diario Actualidad" de Mercedes había denunciado días antes una supuesta "usurpación" instigada por el intendente Selva.

El caso tomó relevancia nacional, y desde el Ministerio de Seguridad bonaerense instruyeron al jefe de policía Hugo Matzkin para asignar custodia especial para el domicilio de Dematey.

Ahora, la periodista denunció que los aprietes, amenazas e intimidaciones tomaron un temperamento institucional formal, pues el municipio "cortó la pauta" y virtualmente bloqueó la distribución del "Diario Actualidad" de Mercedes, poniendo en conocimiento a Dematey con una nota firmada por el director de Prensa, Protocolo, Ceremonial y Relaciones Institucionales del municipio que encabeza Selva, del Frente Renovador.

La denuncia de Dematey quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción nº 5 de Mercedes a cargo de Baraldo Victorica, en la que consta una ampliación de declaración por parte de la periodista en la que describe un "hostigamiento continuo por parte de los inspectores de tránsito de la Municipalidad".

Para Carlotto, el caso presenta matices ligados a la violencia institucional y advirtió "claramente hay vulneraciones a la libertad de expresión: de manera explícita en el apriete disfrazado de operativo municipal; y mediante la interrupción de la pauta municipal como método para amendrentar, desfinanciar y acallar a un diario y a una periodista por la simple razón de presentar miradas distintas en torno a la actualidad de su distrito".

"Son inaceptables las prácticas ligadas a los más oscuras etapas de nuestra historia, como los aprietes y las amenazas", subrayó Carlotto y agregó "pero si esas prácticas, además, son coordinadas o realizadas con la anuencia de los responsables institucionales del Municipio, estamos en presencia de violencia institucional que desde el Ejecutivo provincial, a través de esta Secretaría, nos vamos a tolerar".

En ese sentido, Carlotto exhortó a las autoridades de Mercedes a "apegarse sin grises a la responsabilidad política e institucional que los mercedinos les delegaron; deben garantizar los derechos y libertades no sólo para el ejercicio periodístico, sino para la realización integral de la comunidad y no descuidar ninguno de los aspectos que dependen de su competencia, que es enorme".