"El esquema de saturación territorial, con la policía de la provincia de Buenos Aires, la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, constituye un dispositivo orientado a controlar a los sectores pobres, centralmente jóvenes, en base a la táctica de la sospecha y fundado en la construcción de un estereotipo que liga la pobreza con el delito", afirmó la CPM.

En ese sentido, desde el organismo apuntan hacia la irrupción de la Gendarmería de la cual recuerdan que es "una fuerza federal creada con objetivos distintos a la prevención del delito en interacción con la población civil, genera prácticas violentas que se registran en su actuación de saturación territorial, y va construyendo un imaginario social que comienza a naturalizar la presencia entre la población civil de una fuerza con una impronta marcadamente militarizada que excede el rol policial".

Seguidamente, pegan de lleno a la reinstalación del debate sobre la baja de edad de imputabilidad. "Entre 2008 y 2010 esta discusión se impuso a través de la agenda mediática y recibió un fuerte apoyo del gobernador Scioli y su ministro Ricardo Casal. El rechazo colectivo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos fue determinante para que no prosperara".

Afirmaron que "Contundentes argumentos permitieron visualizar que la baja de edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito, y profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez. Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito".

Desde su análisis, la CPM expresó: "Sólo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan; y elude una responsabilidad central del Estado que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños".

"Asistimos a una paradoja cruel: no garantizar derechos lleva a que estos niños arrastren consigo las características gestuales, de enfermedades, subalimentación, pertenencia barrial, deficiente formación educativa que precisamente los coloca en el perfil de los 'otros' peligrosos que se quiere perseguir y controlar", añadieron.

En cuanto al anuncio de desdoblamiento de los ministerios de Justicia y Seguridad, la CPM sostuvo que "se da en el marco de estas respuestas coyunturales efectistas y evidencia la profundización de un discurso demagógico que sigue proponiendo respuestas simples ante fenómenos complejos".

"El principal desafío es la democratización de las fuerzas policiales. Se debe garantizar un esquema de conducción político-civil, la profesionalización y definición de su función en términos de prevención y la transformación del actual esquema de intervención, que se apoya en la gestión territorial del delito en base a prácticas ilegales y violentas", finalizó en texto.