En el marco de un debate caliente en el que se escucharon duras críticas a la actual concesionaria, la Cámara de Diputados bonaerense dio ayer el primer paso para la transferencia a la órbita provincial de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

La iniciativa fue sancionada con los votos del Frente para la Victoria, los denarvaístas de Unión Celeste y Blanco y el Pro Peronismo.

En tanto, el radicalismo, el Frente Amplio y otros bloques minoritarios, se opusieron al proyecto.

Si bien las posturas se dividieron a la hora de la votación, existió coincidencia en torno de los cuestionamientos a Coviares, la actual concesionaria cuyo contrato vence en 2017. Y el reclamo mayoritario fue que la Provincia rescinda la relación contractual.

Con ese fin, los legisladores decidieron crear una comisión bicameral que tendrá como funciones básicas el monitoreo de de las decisiones que adopte el gobierno provincial en el marco de la transferencia de la Autopista.

El estado de la ruta y la falta de obras prometidas dejaron a Coviares en el centro de la polémica y a partir de una presentación del concejal platense Gustavo Luzardo y del diputado provincial Gonzalo Atanasof, la justicia federal impidió el aumento del valor del peaje.

"Lo más justo era que Nación le hubiera dado la concesión de la Autopista de manera libre y no dejarla atada por seis años más con la empresa", dijo el diputado radical Carlos García.

Por su parte, el diputado platense Sergio Panella insistió con su proyecto para que la Autopista fuera administrada por un consorcio de municipios.