La Cámara del fuero Contencioso Administrativo de La Plata convalidó el aumento del 180% que, a partir de junio pasado, aplicó en las tarifas la empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas en nuestra región -Absa.

La resolución, no obstante, fue dictada con votos divididos de los integrantes de la Cámara, e incluye una "exhortación" a la empresa del Estado provincial que brinda este servicio a instrumentar "mecanismo que garanticen a los usuarios el preaviso" de las medidas de ajuste de las tarifas "con razonable anticipación y la debida información, la ponderación de la tarifa en los sectores más desprotegidos y el escalonamiento y segmentación progresivos del aumento".

Con esta resolución, la Cámara hizo lugar a la apelación que habían presentado Absa -y el propio gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado- contra el fallo del juez de primera instancia del fuero contencioso administrativo Luis Arias.

Este magistrado había aceptado una acción de amparo que, contra el aumento tarifario de Absa, habían presentado la Defensoría Ciudadana de La Plata, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el diputado provincial Oscar Negrelli entre otros usuarios.

En aquella resolución, el juez Arias había declarado la nulidad del decreto por el cual se dispuso el aumento tarifario del 180% a los usuarios de Absa. Pero la apelación de la Provincia frenó la aplicación efectiva del fallo del magistrado. Y en ese marco, ayer se conoció la resolución de la Cámara, haciendo lugar a la apelación mencionada y revocando la sentencia del juez Arias, de modo que el incremento de tarifas quedó avalado por esta instancia superior de la Justicia.

La convalidación del cuadro tarifario de Absa que rige desde junio pasado fue ordenada por la Cámara en un fallo con votos divididos.

Es que Gustavo Spacarotel, que fundó la resolución del tribunal, y Gustavo De Santis que adhirió a su postura, sostuvieron el criterio de avalar el ajuste tarifario. En cambio la tercera integrante de la Cámara, Claudia Milanta, votó en minoría en favor de confirmar el fallo del juez Arias que anulaba el decreto a través del que se impuso el aumento.

En sus consideraciones, Milanta definió el incremento tarifario como "desmesurado y súbito", e impuesto "sin que los usuarios hubieran podido informarse y ser oídos".

En tanto, Spacarotel fundó el aval al ajuste tarifario en "la legitimidad" de la medida dispuesta por el decreto del Gobernador y en que, entre "los límites del control judicial" sobre actos administrativos de otros Poderes, figura el de "fijar tarifas".

Sin embargo, el magistrado cuestionó duramente el modo en que se decidió el ajuste, al que definió como "irrazonable, por insuficiencia en el tratamiento y en la ponderación de las diversas situaciones en las que se encuentran los usuarios".

Para el camarista, Absa "debió realizar un estudio de mercado de los usuarios para discriminar y establecer pautas equitativas y justas en la reestructuración tarifaria, de modo de no perjudicar a los usuarios que, desprevenidos y sin ningún anoticiamiento previo, se ven sorprendidos en su buena fe como usuarios, con un aumento de hasta el 180%". Y con relación a la "tarifa social", indicó que "no basta con nombrarla en el análisis del aumento, sino que ello debe verse reflejado cabal y efectivamente en la modificación tarifaria, lo que no se vislumbra en todos sus extremos en esta resolución".

WZ