Trabajadores y profesionales del Policlínico San Martín emitieron  un duro comunicado en el que denuncian que la dirección del centro de asistencial y al Ministerio de Salud, por incumplir con la aplicación del protocolo para interrupciones no punibles de embarazos, y citan el caso de dos mujeres violadas que plantearon con una declaración jurada su caso y que recibieron como respuesta la objeción de conciencia de los médicos del servicio de Ginecología.

Así, los trabajadores de la salud denunciantes, quienes se presentan como pertenecientes a la lista Bordó de ATE, plantean que el caso de la trabajadora sexual a la que este viernes se le practicó el aborto luego de que AMMAR (la Asociación de Meretrices) hiciera la denuncia pública, no es aislado.

Citan entonces "dos casos que cuadran con lo indicado en el protocolo. Una joven, menor de edad y discapacitada y una mujer mayor de edad, ambas víctimas de violación. Sin embargo ninguna de las dos mujeres obtuvieron en el Hospital el tratamiento que la ley indica", según informó  Diagonales.com. 

A continuación se transcribe el texto completo del documento:

"Denunciamos el incumplimiento de la Resolución Nº3146/12 'Protocolo de Atención integral de los Abortos no punibles', que basado en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, insta a los Hospitales de la Provincia a garantizar la asistencia para la interrupción del embarazo para aquellos casos en que la mujer manifieste haber sido víctima de una violación. Hacemos responsable al gobierno, a través del Ministerio de Salud y la dirección del Hospital por los perjuicios a las mujeres que este incumplimiento genera y exigimos su inmediato cumplimiento. 

En el HIGA San Martín, el hospital con el servicio de maternidad y ginecología más importante de la ciudad de La Plata, se han presentado ya dos casos que cuadran con lo indicado en el protocolo. Una joven, menor de edad y discapacitada y una mujer mayor de edad, ambas víctimas de violación. Sin embargo ninguna de las dos mujeres obtuvieron en el Hospital el tratamiento que la ley indica.

Bajo la figura de 'objeción de conciencia' todos los profesionales idóneos del Hospital se negaron a practicar el aborto legal, y desde la Dirección del Hospital tampoco hubo ninguna solución para éstas dos mujeres. 

Ambas recurrieron al Hospital Público en busca de que se cumpla con su derecho. Sin embargo, luego de haber atravesado por un hecho tan aberrante como es una violación, nuevamente el Estado (ministerio y hospital) no brindaron soluciones, sino nuevas trabas."

El aborto no punible en nuestro país se limita a tan sólo algunas situaciones puntuales, la práctica del aborto clandestino sigue causando en Argentina la muerte de aproximadamente 400 mujeres por año, que no acceden a un procedimiento en condiciones seguras por no tener los recursos necesarios. 

Incluso en los limitados casos en que el aborto es legal vemos cómo se le niega a la mujer el derecho a recibir la atención en un Hospital y bajo las condiciones sanitarias necesarias para evitar riesgos y complicaciones.

La dirección de los Hospitales es responsable de que se cumpla el protocolo de ANP. Pero al mismo tiempo denunciamos el doble discurso del Gobierno, que a través del Ministerio de Salud imprime normativas que luego no hace cumplir y se transforman en papel mojado."