El gobierno bonaerense salió ayer a expresar su rechazo a la posibilidad de que desde la Legislatura se avance con un proyecto para sindicalizar a las fuerzas de seguridad. El vocero de la posición oficial fue el ministro de Trabajo Oscar Cuartango, quien sostuvo que como "la competencia en materia de sindicalización es de la Nación", cualquier norma que prospere en ese sentido en la Provincia "sería inconstitucional".

De esta manera, la administración de Daniel Scioli salió a sentar posición en un tema por demás polémico y que reverdeció en las últimas horas a partir de las protestas encabezadas por efectivos de Gendarmería y Prefectura.

Como anticipara este diario, al calor de los reclamos salariales de integrantes de esas dos fuerzas, efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario volvieron a la carga con esa vieja reivindicación. Pero además, diputados opositores y del kirchnerismo están promoviendo proyectos para avanzar con la creación de un gremio que represente a policías y penitenciarios en la Provincia.

Cuartango concedió que el tema de la sindicalización de las fuerzas de seguridad "es por demás polémico", pero indicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "deja librado a la decisión de los Estados soberanos la posibilidad de autorizarla o no, de tal forma que el Estado que opta por no avanzar en ese sentido no veda ningún convenio de la OIT".

Al rechazar el intento legislativo por crear un sindicato policial y penitenciario, Cuartango subrayó, en diálogo con este diario, que "la competencia en materia de sindicalización es de la Nación, y la que asigna personería a quienes pretenden obtener reconocimiento es la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que depende del ministerio de Trabajo de la Nación. Y es ese ministerio el que firma el reconocimiento".

Cuartango dijo que esas resoluciones "son recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es el más alto tribunal laboral de la Nación". El ministro subrayó que "el único antecedente favorable de esa Cámara que conozco es un voto en favor de la sindicalización del Dr. Rodolfo Capon Filas, pero que quedó en minoría porque su otros dos colegas de la sala votaron en contra".

Otros debates

El ministro de Trabajo sostuvo además que antes de avanzar con cualquier planteo de estas características, "habría que definir el debate de la Policía Municipal y Judicial, porque eso modificaría los colectivos de los trabajadores representados y las jurisdicciones".

Y advirtió que además una hipotética ley de sindicalización "debería ser distinta a la ley general; debería contener restricciones y condicionamientos en función de la actividad, sin que eso afecte el principio de igualdad ante la ley. Por ejemplo, la forma de adoptar medidas de fuerza y la de plantear los reclamos".

En ese contexto, Cuartango insistió en que "sería inconstitucional avanzar" con una ley provincial de sindicalización. "No quiero descalificar a quienes la empujan, pero hasta en el fallo de Capon Filas no se discute la competencia nacional. El dice que es partidario de la sindicalización, pero que debe ser debatida y discutida en el orden nacional", completó.

Finalmente el ministro de Trabajo dijo que no funciona ningún sindicato policial en el país y que "todas las acciones judiciales fueron desestimadas por el ministerio de Trabajo de la Nación y corroboradas por la Justicia. Existe una uniformidad de criterios en sentido contrario a la sindicalización".

Uno de los proyectos de sindicalización es planteado por el diputado K Marcelo Saín, mientras que el denarvaísta y ex policía Guillermo Britos, plantea la creación de un ómbudsman para la Policía.

En tanto, otra iniciativa es impulsada por el diputado del FAP, Marcelo Díaz. "Los agentes de la Policía como del Servicio Penitenciario se encuentran en una situación de inferioridad con los demás agentes de la administración pública, conllevando una particular situación de vulnerabilidad", sostuvo el legislador.

WZ