La directora de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, salió al cruce de las acusaciones de "ajuste" que enfrenta su administración y dijo que su tarea es "garantizar el pago de quien trabaja". Además, se dio a conocer una denuncia penal por las tomas del edificio del Ministerio.

De Lucía indicó que su intención es "evitar excesos" de parte de empleados públicos, y reiteró que "no hay ajuste" en su cartera. Además, afirmó que se encuentra "trabajando para cumplir con el pago de los salarios de docentes y auxiliares".

La funcionaria bonaerense circunscribió las tomas y protestas a "un grupo de empleados que arrastran privilegios" y que su situación "no se condice con la realidad de quienes día a día ponen su esfuerzo para atender a los alumnos frente a las aulas, atienden los comedores escolares o trasladan a los chicos a las escuelas o realizan tareas administrativas".

En ese marco describió como "un reordenamiento de horas extras" a los recortes denunciados por los sindicatos, que, precisó, "en muchos casos son excesivos y que también superan el promedio de la jornada laboral". "Se han detectado personas que por el monto de horas extras que cobran por mes estarían trabajando entre 14 o 15 horas por día", graficó la funcionaria.

"Por citar sólo un ejemplo que grafica mejor la situación, es de público conocimiento que en el Centro administrativo que funciona en la torre de calle 12 y 51 en la ciudad de La Plata, las oficinas dejan de funcionar a las 8 de la noche, pero en ese lugar hay personas que cobran 150 horas extras mensuales lo que demuestra que deberían trabajar hasta pasada la medianoche", precisó.

También informó que del "entrecruzamiento de datos" surgió "que cobran horas extras agentes con carpeta médica y personas privadas de la libertad", lo cual, dijo, "no se puede permitir".

A la par, trascendió que fue realizada una denuncia Penal a raíz de las tomas, que recayó en el Juzgado de Garantías N 4 a cargo del Doctor Juan Pablo Massi y con la intervención de la UFI 7 a cargo de la Doctora Virginia Bravo. A raíz de la denuncia fue dictada la medida cautelar tendiente a restablecer el orden y garantizar el funcionamiento de la Dirección General de Cultura y Educación.

WZ