Taiano considera que los vacunados no fueron simples beneficiarios pasivos de un arreglo en su favor, sino que tuvieron un rol activo en la maniobra y les atribuye, en principio, la condición de partícipes necesarios del delito de peculado, que contempla penas de dos a diez años de prisión.

Según señala en fiscal en su petición, los elementos reunidos en el expediente configuran el "estado de sospecha" requerido por el Código Procesal Penal y los beneficiarios "contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas".

Sostuvo, además, que no podían alegar desconocimiento de las reglas de vacunación, ya que las campañas habían sido públicas y masivas y los criterios de priorización eran "razonablemente conocidos por la ciudadanía".