El ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezó junto al intendente Fernando Moreira, cámaras empresarias, personal del INTI, la UNSAM, el sector científico-tecnológico, universidades, sindicatos un reclamo por las 25.000 PyMEs fundidas por el gobierno de Milei e iniciar un plan de acción que declare la emergencia nacional en los 2.300 municipios del país.

En el documento firmado se solicitan líneas de financiamiento específicas, ya que hoy sólo una de cada tres PyMEs accede al crédito; programas de regularización impositiva destinados puntualmente a las PyMEs; revisar el esquema de precios relativos, con costos fijo. Asimismo, una política comercial inteligente, que facilite la importación de bienes de capital e insumos y no destruya la producción y el trabajo nacionales; y cambio en la política de ingresos.

“Estamos en San Martín, una de las ciudades industriales de nuestra provincia, junto a empresarios, trabajadores, trabajadoras, sindicatos, gremios, el INTI y la UNSAM para frenar la destrucción del país, del tejido productivo, de la universidad y de lo que necesitamos para pensar en una Argentina para todos. Son 25.000 PyMEs fundidas por Milei”.

Y continuó: “Queremos que se declare la emergencia PyME a nivel nacional, que se pare la avalancha de productos importados y tomen medidas en favor del trabajo argentino”.

“Milei solo trabaja para los ricos y destruye a la industria nacional. No lo vamos a permitir”, concluyó.

Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), que nuclea los equipos técnicos de Katopodis, desde que asumió Milei cerraron más de 25.000 empresas, convirtiéndose en el peor proceso de destrucción de empresas de los últimos 30 años en el país.

En promedio, 930 empresas dejaron de existir por mes. Ese número representa 31 PyMEs menos por día, y más de una empresa cerrada por hora con el gobierno actual. En estos últimos años hubo más empresas destruidas que en pandemia y que todo el gobierno de Mauricio Macri, aun cuando las políticas tampoco favorecían a la industria nacional.

En ese sentido, los principales sectores con caída son transporte y almacenamiento (-6.193); comercio y reparación de vehículos (-5.794); servicios inmobiliarios (-3.555) e industria manufacturera (-3.073).

Asimismo, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se destruyeron 205.680 empleos privados registrados, equivalentes a 254 puestos de trabajo perdidos por día. La provincia de Buenos Aires es la más afectada, con el cierre de 5.374 PyMEs y la caída de 73.370 empleos registrados privados, seguida por Córdoba y Santa Fe.

El cierre de 25 mil empresas, la pérdida de más de 200 mil puestos de trabajo registrados privados, la caída de los salarios y las jubilaciones, el encarecimiento del crédito y el avance de las importaciones configuran un escenario de fuerte retroceso para las PyMEs en todo el país. Los datos muestran que este deterioro no responde a una crisis aislada ni coyuntural, sino a un modelo económico que concentra beneficios en sectores financieros y extractivos, mientras debilita a la producción nacional y al mercado interno.

Las PyMEs representan una parte central de la producción, el empleo y el desarrollo local en la Argentina. Su retroceso no sólo implica menos empresas funcionando: significa menos trabajo, menos consumo y una economía cada vez más concentrada.