Tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar los programas “Volver a Trabajar” y “Acompañamiento Social”, la concejala Josefina Bolis solicitó el pronunciamiento del Concejo Deliberante y advirtió sobre el impacto en los sectores más vulnerables.

Esta semana se realizó el último pago de los programas “Volver a Trabajar” y “Acompañamiento Social” (antes Potenciar Trabajo), luego de que el gobierno de Javier Milei confirmara su eliminación total a partir de abril. Ambas iniciativas permanecían congeladas desde diciembre de 2023 en un monto mensual de 78 mil pesos.

En ese marco, la presidenta del bloque de concejales y concejalas de Fuerza Patria, Josefina Bolis, presentó un proyecto de decreto para que el Concejo Deliberante de La Plata exprese su preocupación ante la medida. Según se fundamenta en la iniciativa, la decisión impacta directamente en los sectores más vulnerables de la ciudad.

El proyecto señaló que este ingreso, al complementarse con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, constituye un sostén central para miles de familias, garantizando un piso mínimo de subsistencia. Su eliminación implica un recorte superior al 20% del presupuesto familiar, destinado principalmente a la alimentación.

Asimismo, se destacó que estos programas no solo representan un ingreso económico, sino también el reconocimiento de tareas comunitarias esenciales, como el sostenimiento de comedores y merenderos en los barrios populares, de espacios de cuidado de infancias, de personas mayores, de promoción de la salud comunitaria y de la organización de la economía popular en contextos de informalidad.

En relación al contexto económico, la iniciativa advirtió que la pérdida de este ingreso resulta difícil de compensar con empleo formal. Entre fines de 2023 y fines de 2025 cerraron 21.938 empresas en el país, un promedio de 30 cierres diarios, lo que afectó principalmente a los sectores de la construcción, la industria y el transporte, y redujo la oferta laboral.

A nivel local, el proyecto incorpora datos del INDEC que ubican la desocupación en el Gran La Plata en 9,5%, por encima del promedio nacional. A esto se suma que la Canasta Básica Alimentaria supera los 644 mil pesos, profundizando la situación de vulnerabilidad de miles de familias que dejarán de percibir este ingreso.

El pedido de pronunciamiento del Concejo se dio en consonancia con el informe emitido por el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, un órgano colegiado de participación y articulación estratégica que vincula a la Universidad con organizaciones territoriales, sociales, culturales y productivas de la región. 

Dicho informe también advirtió sobre las posibles consecuencias sociales de la medida. En particular, señaló que la red comunitaria funciona como un factor de contención en los barrios populares y que su debilitamiento podría favorecer el avance de la narco-estructura y dinámicas de violencia.

Desde ese espacio se advirtió sobre la gravedad de la situación y se señaló que, aún con los montos congelados, el ingreso representaba un aporte significativo para la vida cotidiana de miles de familias. En ese marco, organizaciones nucleadas en Movimientos Populares Regional La Plata, integrante del Consejo Social, realizaron una conferencia de prensa en rechazo a la medida y alertaron que en la ciudad se perderán alrededor de 35 mil salarios complementarios a partir de abril.