El Ejecutivo provincial podría aceptar el traspaso de la concesión de la autopista Buenos Aires La Plata, que el gobierno nacional otorgó a Coviares -del grupo Roggio-, mientras que diputados de la oposición planean presentar hoy un pedido de intervención judicial de la empresa. 

El interés de la provincia en la Autopista fue expuesto hoy en una audiencia realizada en el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, por representantes del ministerio de Infraestructura provincial, a cargo de Alejandro Arlía. Desde la cartera, además, confirmaron luego esa información.

Según precisaron las fuentes, la propia Coviares está interesada en la operación de traspaso, aunque uno de los requisitos para concretarla consiste en que la Provincia se haga cargo de la deuda que el concesionario mantiene con la Nación, de modo que la provincia absorba los activos pero también los pasivos de la compañía. 

Al mismo tiempo, la empresa -que aduce que no tiene ganancias con las tarifas actuales-, presentó un plan de obras que comenzaría a aplicarse en noviembre pero finalizaría en 2019, dos años después del vencimiento de actual contrato y que además condicionó a que se levante la medida cautelar que mantiene congelado los peajes en $2,50. 

Esas exigencias -Coviares busca que la tarifa sea de $3,50 y $5,590 en horarios pico, fueron consideradas "inaceptables" por los diputados Mauricio D´Alessandro y Gonzalo Atanasoff (Unión Celeste y Blanco), que adelantaron que hoy pedirán la intervención judicial de Coviares. 

Coviares "no posee un claro, fundado y cierto plan de mantenimiento de la autopista", señalaron los legisladores, que pidieron que el plan de obras y de mantenimiento debe ponerse en marcha de inmediato. Entre otros puntos, reclaman la realización del tercer carril por mano.

WZ