Según el sindicato, las pruebas presentadas incluyen documentación de la Justicia de Estados Unidos, que revela transferencias millonarias desde cuentas asociadas al narcotraficante Fred Machado hacia Alejandra Bada Vázquez, titular de la firma, y aportes por $215 millones a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023.

“Estamos frente a un caso que trasciende lo laboral: hay un entramado que conecta narcotráfico, poder económico y financiamiento político”, señalaron los representantes gremiales.

En el escrito judicial, el abogado de los trabajadores, Dr. Julián Martín Coronel, pidió frenar la escisión societaria que impulsa la empresa y suspender el levantamiento de medidas cautelares, para evitar el vaciamiento patrimonial y garantizar el crédito laboral.

Además, solicitaron que se investigue a fondo el origen de los fondos y las posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas al empresario Machado, detenido en Texas junto a Debra Mercer-Erwin por tráfico de cocaína.

Desde el sindicato recordaron que Lácteos Vidal “despidió trabajadores por ejercer actividad gremial, violó fallos judiciales, y durante la pandemia expuso al personal a condiciones sanitarias peligrosas, lo que derivó en la muerte de un obrero por COVID-19”.

También denunciaron episodios de violencia directa por parte de la titular de la firma: “Amenazó a empleados con un arma de fuego y se presentó como víctima de bloqueos sindicales, con apoyo del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos”, ligado al espacio de Bullrich.

“La Cámara tiene una responsabilidad institucional y moral. No puede permitir que el narcotráfico financie empresas ni campañas políticas mientras se pisotean derechos laborales”, concluye la presentación. NA