El diputado nacional Daniel Arroyo habló con Radio Provincia y dijo que "hasta ahora el Gobierno dio de baja 110 mil pensiones por discapacidad. Y de ese número, 90 mil fueron por problemas de domicilio, es decir, no se llegó a dar con la persona". No obstante, recordó que el presupuesto enviado, que nunca recibió tratamiento, "habla de una baja de 300 mil pensiones para este año".

Por tal motivo, Arroyo consideró que se debería hacer una auditoría y que ello está planteado en la "Ley de Emergencia en Discapacidad. Hay que evaluar las actas de los médicos, qué localidades tienen gente con pensiones por arriba del promedio (entre 7 y 11% por lugar). En vez de hacer esto, el Gobierno prefirió enviar cartas documento y suspender el 40%" de esas pensiones a las que no pudieron contactar.

En la misma línea, sostuvo que el cruce de datos que hizo el Gobierno estuvo hecho "mal a propósito y los audios demuestran eso". Y reiteró que si no se pudo contactar a las personas y por esa razón se suspendieron 90 mil pensiones "habla muy mal del Estado y la base de datos". Seguido lamentó que se hable de una persona con discapacidad como "idiota, invencible y débil mental, lastimando así a la familia".

Posteriormente, relató la disparidad que existe en los sueldos de los "Acompañantes terapéuticos que cobran a seis meses de realizada su tarea, los transportistas que trasladan a las personas a realizar su tratamiento cobran $541 por litro de nafta, cuando cuesta $1500. Por eso, en vez de llevarlo los cinco días los llevan dos. Y en medio de ese proceso escuchan que la plata va y viene. Es desesperante esta situación".

Por último y ante lo expuesto, Arroyo señaló que "hay que poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue vetada absurdamente por el Gobierno porque no tiene impacto fiscal. Por tal motivo, rechazamos el veto y la próxima semana el Senado la va a rechazar por mucho más de dos tercios porque la Ley ordena el nomenclador, organiza el sistema para que cada uno cobre lo que tiene que cobrar, reordena las pensiones y manda a hacer las auditorías. También dice que no se puede maltratar y se debe respetar a las personas. El Gobierno no tiene que tirar números al voleo, porque lo que hace es lastimar a las familias de las personas con discapacidad. En paralelo, la Justicia tiene que investigar".