La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir y profundizar la investigación por el hackeo al PAMI ocurrido en agosto de 2023, al hacer lugar a un planteo de las actuales autoridades de la obra social de los jubilados.

El máximo tribunal penal federal del país dispuso el desarchivo del expediente ante nuevos hechos que podrían sumar al esclarecimiento de lo sucedido, informaron fuentes judiciales. En la resolución, el camarista Javier Carbajo advirtió que la querella tiene razón y que el archivo fue "prematuro".

"Restan aún medidas que podrían permitir establecer la identidad de los responsables del hecho objeto de la presente investigación", agregó en relación a pruebas que no fueron dispuestas, entre ellas, consultas a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, o Europol, que "se enmarcaría en la línea de cooperación entre países para abordar esta clase de delitos que, sin dudar, han tomado una gran trascendencia a nivel global, afectando en muchos casos a importantes instituciones públicas y aprovechándose de ciertas vulnerabilidades o, como se dice vulgarmente, de “puertas traseras”.

Estos delitos, según advirtió la resolución, "se vinculan con la delincuencia organizada y transnacional y requieren de un enfoque que trascienda las fronteras".

"Los ataques devastadores de esta naturaleza se están volviendo cada vez más frecuentes, tardando días o, incluso semanas en recuperarse" y, en ciertos casos, "la recuperación total no siempre es posible", agregó.

La decisión fue por mayoría en una resolución firmada por los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky con disidencia de Gustavo Hornos.

También se dispuso tomar en cuenta en la investigación a cargo del juzgado federal 9 de la Ciudad de Buenos Aires una causa penal que tramita en Córdoba y que fue aportada por la querella del PAMI.

En esa causa, se investiga a un acusado, Tiziano Palacios Arriondo, por la supuesta compra con ánimo de lucro de bases de datos robadas al PAMI con información de afiliados, carnets digitales, médicos prestadores, usuarios y claves de acceso a sistemas de gestión, entre ellos el de recetas electrónicas.

Se sospecha que se trata de la información robada durante el hackeo de agosto de 2023, mediante una intromisión ilegal al sistema informático restringido de ese organismo público estatal a través del uso de "ramsonware", violando así el sistema de confidencialidad y seguridad de la repartición.