El decreto ratificará la resolución 1078/12 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que establece prórrogas de hasta 15 años para los bingos cuya licencia vence durante el mandato de Scioli y aún no fueron prorrogadas, un plazo al que se acogieron todas las operadoras excepto la del bingo de Luján, que optó por 10 años.

La firma del decreto fue confirmada ayer a esta agencia por fuentes del Ejecutivo y por el diputado provincial sciolista Guido Lorenzino, quien pese a que describió una decisión ya tomada en torno a este tema, aclaró que su sector está abierto a recibir "propuestas superadoras" respecto a la regulación legal de las salas de juego.

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica Walter Martello, adelantó a DIB que una vez que el decreto esté publicado avanzarán con un recurso de amparo para frenar la medida y estudian una denuncia penal contra el gobernador, al que acusarían de "incumplimiento de los deberes de funcionario, malversación de caudales públicos y abuso de poder".

Martello rechazó que la mecánica no sea objetable, un argumento que ayer volvió a utilizar Lorenzino, al recordar que el ex gobernador Felipe Solá renovó licencias por decreto en 2006. "Argentina suscribió pactos internacionales que obligan a respectar las principios de competencia, libertad y equidad en los contratos, que acá no se han respetado", dijo.

Al mismo tiempo, el diputado provincial del Movimiento Evita, Fernando Navarro, que también integra el bloque del FpV en la Cámara baja provincial, confirmó que estudian legislar en materia de regulación del juego para aumentar los ingresos de la provincia. "Tenemos un sector en el que se puede acceder a ingresos", dijo Navarro.

DIB había adelantado el jueves que el sector no sciolista del oficialismo analiza unificar varios proyectos con dos objetivos puntuales: evitar que las concesiones corran por cuenta exclusiva de Loterías y aumentar fuertemente los cánones que pagan las empresas. En ese marco, tampoco descartan avanzar en alguna fórmula de estatización.

Fuentes legislativas del oficialismo y la oposición admitieron sin embargo, que si se avanza con una ley que reemplace a la actual, esa modificación no afectará la prórroga operada por Scioli, que está ajustada a la legislación vigente. "A los sumo puede entorpecer algo la negociación con los bingueros que pueden temer las subas", explicaron.