La Procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, presentará un documento a la Legislatura en el que sugerirá una serie de cambios al proyecto de Policía Judicial impulsado por el gobierno bonaerense. Que el nuevo sistema se aplique en forma gradual y que se modifique la forma de designación de los instructores, son algunos de los aspectos que formarán parte de la propuesta que le llegará en las próximas horas a los legisladores.

La progresividad va a dar aire para que la Provincia no se ahogue con un presupuesto que no tiene

Falbo, dijo que "un tema que nos preocupa es que la implementación pueda ser progresiva. Es imposible, por distintos factores, arrancar de una vez un proyecto tan importante. No queremos fracasar. Esperamos tanto para crear esta Policía Judicial de excelencia, que fracasar por alguna imprevisión sería lo peor que nos pudiera pasar", señaló.

El gobierno de Daniel Scioli presentó hace algunos meses el proyecto de creación de la Policía Judicial, una iniciativa que apunta a profesionalizar las investigaciones penales a través de la creación del mencionado organismo formado por un cuerpo de instructores. La nueva estructura tendrá competencia específica en casos de delitos complejos, homicidios dolosos o ilícitos cometidos por funcionarios públicos o miembros de fuerzas de seguridad.

De esta forma, personal civil con una alta capacitación reemplazará a la policía en las tareas investigativas. Y la nueva estructura dependerá de la Procuración de la Corte.

Con el fin de enriquecer la propuesta, Falbo organizó una jornada de reflexión de la que participaron fiscales, defensores y diversos especialistas, e incluso funcionarios de la provincia de Córdoba donde el instituto de la Policía Judicial funciona desde hace varios años.

"Vamos a entregar a los legisladores un documento que va a reflejar todos los debates que hemos tenido desde febrero, porque queremos hacer los mejores aportes posibles", dijo Falbo.

Una de las modificaciones que se planteará tiene que ver con la competencia de la Policía Judicial. El proyecto establece que intervendrá en ilícitos cometidos por funcionarios públicos, pero para la Procuradora "habría que mejorar algo de la redacción para aclarar que se trata de causas en el ejercicio de sus funciones, porque si el tema es personal, debe ser juzgado como cualquier ciudadano".

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa a la Procuradora tiene que ver con los plazos para la puesta en vigencia del sistema. "Debe hacerse en forma progresiva, porque no va a haber posibilidad de hacer una buena capacitación de sus integrantes ni de presupuesto para empezar", indicó. Y añadió: "Por eso creo que deberíamos arrancar por algún Departamento Judicial, con algún ensayo piloto, y luego progresivamente avanzar en otros, porque hay muchas cuestiones que deben empezar de cero".

Falbo abundó en ese planteo. "La progresividad va a dar aire para que la Provincia no se ahogue con un presupuesto que no tiene. Porque no sólo se trata de recursos humanos: también se necesitan materiales de alta tecnología para la cuestión científica", precisó.

La Procuradora indicó además que "estamos analizando la situación de Córdoba. Ellos tienen funcionando la Policía Judicial hace 10 años y no en toda la provincia. Y dicen que recién ahora están bastante bien. Entonces, no podemos pretender que Buenos Aires saque la ley y en el mínimo tiempo esté funcionando".

Por otra parte, la funcionaria se pronunció en favor de que los integrantes de la Policía Judicial tengan un estatuto laboral propio: "Hoy nos regimos por la acordada 2300 de la Corte. Las jornadas de trabajo son limitadas en horario y los instructores tendrán que estar los 365 días del año y las 24 horas del día a disposición. Por eso tenemos que ir hacia un estatuto laboral especial, que se sepa las funciones, las responsabilidades, la forma de distribuir las cargas horarias, con posibilidades de asignar horas extras y pagar salarios adecuados. Tenemos que prever además que sea un servicio esencial y con un régimen jubilatorio específico porque es mucho el desgaste. Todo esto necesita tener un estudio y no está en la ley".

Otro de los cambios que sugerirá Falbo se relaciona con la duración de los mandatos de los principales funcionarios. "No estamos totalmente de acuerdo con el plazo de seis años sin posibilidad de renovación. Puede que ocurra que a los seis años el director -la autoridad máxima del organismo- recién pudo tener planificado y en marcha el trabajo que diseñó. Y si resultó eficaz, se pierde la posibilidad de que ese profesional siga trabajando, por eso nos gustaría que el mandato pudiera ser prorrogable por otro período. Pero por otra parte, creemos que a lo mejor esos seis años del primer período es un plazo extenso, porque si su tarea no resultó eficaz, podría retirarse antes".

"La idea nuestra es apoyar, aportar y tratar de que el servicio de Justicia mejore, porque lo mejor que podemos hacer es devolverle a la comunidad lo que exige: transparencia y realidad en las investigaciones. Tenemos que trabajar todos juntos, porque aunque seamos poderes independientes, no podemos ser islas. Y eso significa actuar con coordinación y coherencia", concluyó.