El gobierno bonaerense negocia por estas horas con altos funcionarios nacionales los términos del decreto por el cual modificará las valuaciones fiscales de los campos, mientras que en Diputados, que convocó a sesionar el jueves, el oficialismo busca el número que le permita aprobar por ley el resto de la reforma fiscal y el endeudamiento.

El jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y la ministra de Economía, Silvina Batakis, mantuvieron ayer reuniones con funcionarios del gobierno nacional, con negociaciones en dos niveles: En el plano político, la Provincia busca la liberación de fondos adeudados que le de oxígeno para afrontar el pago de salarios y servicios.

En el plano técnico, se debate un tema sensible: mientras que el gobernador Daniel Scioli quiere lograr, según afirmó ayer Batakis, "el mayor consenso" para aprobar la ley, el kirchnerismo empuja para que en el decreto que fije el revalúo se autorice además a cobrar el impuesto con las actuales alícuotas, lo que elevaría el Impuesto Inmobiliario Rural a niveles mucho mayores que los que planteaba el proyecto oficial. Esta suba, además, redundaría en una mayor recaudación de dos tributos nacionales: ganancia presunta y bienes personales.

Frente a la segunda opción, fuentes legislativas ligadas al sciolismo consideraron la medida "demasiado arriesgada" por "rozar la inconstitucionalidad", lo que podría dar lugar a planteos judiciales que demoren el cobro de las tasas. Además, descartaron que pueda aprobarse un revalúo escalonado, bregando por mantener el esquema fiscal fijado por el proyecto original.

Técnicamente, el Impuesto Inmobiliario está compuesto por tres factores: La valuación fiscal de los campos -el valor que el Estado fija por esas tierras-; la base imponible -el porcentaje del valor fiscal a partir del cual el Gobierno puede cobrar el impuesto-; y la alícuota -la variable a partir de la cual se fijan las tres cuotas anuales del impuesto-. Como en los últimos años no hubo revalúos, el Ejecutivo fue fijando los aumentos a partir de la suba en las alícuotas. De cambiar las valuaciones y mantener los actuales porcentajes, los valores del impuesto se dispararían.

Otro factor que determinará el momento en que Scioli firme el decreto es el legislativo: el Gobierno espera a que el presidente de Diputados, Horacio González, asegure el número para sesionar.

El titular de la cámara Baja convocó a los diputados para el jueves a las 11, mientras negocia el quórum que no haga naufragar el tercer intento por tratar la reforma fiscal.

Sin actividad oficial por el Día del Empleado Legislativo, el oficialismo esperaba con expectativa la firma del decreto para avanzar en las negociaciones con la oposición.

Con 46 diputados asegurados -43 propios y 3 de Nuevo Encuentro-, el FpV solo necesita una presencia más para lograr el quórum, aunque desde el resto de los bloques se mostraron más flexibles para "bajar" al recinto si Scioli adopta la vía del decreto. Quien lo dejó explícito ayer fue el presidente del bloque radical, Ricardo Jano: el legislador sostuvo que "el bloque podría dar quórum" en caso de que el revlaúo sea adoptado por el Gobierno.

Respecto a los cambios, el oficialismo podría dar marcha atrás con la eliminación de las exenciones a las cooperativas, algo pedido por Nuevo Encuentro y el FAP. En tanto, se evalúa la posibilidad de desdoblar el proyecto aprobado en el Senado para facilitar la aprobación del endeudamiento, que requiere dos tercios de los votos en general, lo que implicaría que parte de la oposición deba acompañar a nivel global la ley que aumenta los impuestos, aunque luego los rechace en particular.

En la cuestión técnica, se modificaría además el artículo 2, que establecía el revalúo, cambiándolo por un texto que simplemente adhiera al decreto del Ejecutivo.

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo contiene aumentos en el impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos y la eliminación de las exenciones que gozan cooperativas -en revisión- y operadoras de TV por cable. Además, pide autorización para incrementar en 2.200 millones de pesos la emisión de Letras del Tesoro por parte de la Provincia.

Con estos fondos, la Provincia aseguraría a los municipios los 920 millones de pesos que dejaron de recibir a partir de la creación de un fondo especial para la atención de infraestructura escolar, con la remisión de 500 millones de pesos por la coparticipación de la suba impositiva, la inclusión de 200 millones más tomados por deuda, a distribuir por coparticipación -mediante el CUD- y la inyección de otros 200 millones en bonos destinados a saldar deudas con proveedores locales, que serán saldados por el Ejecutivo bonaerense.

WZ