El gobierno bonaerense define por estas horas los últimos aspectos del proyecto de ley para la aplicación del juicio por jurados que prevé girar en los próximos días a la Legislatura. Y en ese contexto, ayer se concretó una ronda de análisis y consulta de la que participaron funcionarios, representantes de los colegios de Abogados y Magistrados y especialistas en el tema.

Esta iniciativa forma parte del paquete de leyes vinculados a Seguridad y Justicia que la administración de Daniel Scioli ya envió o está a punto de hacerlo a las cámaras legislativas.

La creación de la Policía Judicial y la conformación de las Policías Municipales de Prevención, forman parte de ese paquete. También se habla de la posible división de la Procuración de la Suprema Corte, una iniciativa que si bien fue anunciada por el Gobernador, es fogoneada con mayor énfasis desde el kirchnerismo.

El juicio por jurados funcionará en los casos de delitos graves, de forma tal que serán ciudadanos comunes los que decidan si los acusados son culpables o inocentes.

"Serán jurados de doce miembros, todos legos (sin formación jurídica). Se trata de un avance hacia la transparencia de las decisiones judiciales; la participación del jurado concede una apertura de debate judicial hacia la sociedad", señaló el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.

El encuentro de ayer fue encabezado por el propio Casal, acompañado por los subsecretarios César Albarracín (Política Criminal e Investigaciones Judiciales) y Carlos Cervellini (Justicia).

Participaron del encuentro diversos especialistas en la materia, miembros de instituciones especializadas y referentes del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de la Provincia. Entre ellos, el presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Héctor Granillo Fernández; el miembro de la Asociación de Derechos Civiles, Hernán Gullco, y el profesor de la UBA, Luis María Bunge Campos.

Estuvieron además la presidenta del Colegio de Magistrados de la Provincia, Margarita Tropiano; el presidente del Colegio de Abogados, Gerardo Salas; el representante del INECIP, Andrés Harfulch, y diversos representantes de Fundejus y especialistas de la Procuración General, entre otros.

JI