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| 12-03-2012 | Anuncio en seguridad | |||
| El preso que estudie podr铆a ser liberado 20 meses antes de terminar la condena | |||
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Dos ministros del Gobierno llevaron las "buenas noticias" a presos de los penales federales. Para ser beneficiario de ese incentivo, s贸lo deber谩n demostrar denuedo al estudio, y su condena dictada por un tribunal de Justicia ser谩 reducida hasta casi 2 a帽os. Ocurre que a partir de este a帽o comenzar谩 a aplicarse un sistema de incentivos que reduce hasta 20 meses las penas de los presos gracias a la puesta en marcha de los incentivos educativos incorporados a la Ley de Ejecuci贸n de la Pena Privativa de la Libertad. El ministro de Justicia, Julio Alak, y el de Educaci贸n, Alberto Sileoni, fueron los encargados de los anuncios durante el acto de apertura del ciclo lectivo 2012 en la Unidad Penitenciaria N潞1 de Ezeiza y que involucra a todas las unidades penales del Servicio Penitenciario Federal. El 27 de julio de 2011, el Congreso vot贸 modificaciones a la Ley de Ejecuci贸n de la Pena Privativa de la Libertad poniendo en el art铆culo 140 de la 26.695 los "est铆mulos educativos" que benefician a los internos condenados por delitos. La escala para los "presos estudiantes" a) Un (1) mes por ciclo lectivo anual b) Dos (2) meses por curso de formaci贸n profesional anual o equivalente c) Dos (2) meses por estudios primarios d) Tres (3) meses por estudios secundarios e) Tres (3) meses por estudios de nivel terciario f) Cuatro (4) meses por estudios universitarios g) Dos (2) meses por cursos de posgrado Estos plazos ser谩n acumulativos hasta un m谩ximo de veinte (20) meses, aclara la norma. "Es una medida in茅dita en la historia argentina que busca incentivar a las personas privadas de su libertad a capacitarse para lograr una reinserci贸n social plena", afirm贸 Alak. Y defendi贸 la aplicaci贸n del art铆culo 140 se帽alando que "est谩 probado que la formaci贸n de los condenados reduce significativamente los niveles de reincidencia en el delito". En la ley sancionada el pasado a帽o ahora tambi茅n se contempla que, si un penal no garantiza el acceso a la educaci贸n de los presos, estos podr谩n recurrir a la Justicia y que el Estado se haga cargo a trav茅s de un tercero. JC |
