A partir de este viernes, la empresa Correo Argentino de la familia Macri quedó a un paso de que se decrete su quiebra definitiva, luego del proceso de concurso de acreedores más largo de la historia judicial argentina. Se podría cerrar así un capítulo tan extenso -18 años de trámite- como escandaloso desde el punto de vista de las maniobras irregulares denunciadas ante la Justicia, que rodearon una trama que contó con todo tipo de dilaciones y que configuran una postal de una pelea de poder a gran escala que tiene a la familia del expresidente como protagonista.

Al vencerse el plazo para participar del "cram down" o salvataje, automáticamente, la residual Correo Argentino SA puede considerarse en quiebra, por más que solo reste el paso administrativo para que ese rótulo lo decrete formalmente la jueza comercial Marta Cirulli. Al cierre de esta edición, nadie había mostrado interés en querer rescatar a una empresa que no tiene activos y que se sospecha que realizó maniobras de vaciamiento para incrementar su pasivo.

La quiebra abrirá otro escenario que culminará en la liquidación final. Sin embargo, por las características anómalas que tuvo todo el procedimiento, sería el primer paso para investigar a las firmas controlantes Sideco Americana y luego SOCMA, ambas naves insignia del clan Macri, sobre las cuales se podría extender la solicitud de quiebra. Y de allí a otras controlantes, como antesala de avanzar sobre personas físicas, como los hermanos del expresidente Mauricio Macri y los hijos de este, a quienes en 2009 transfirió sus acciones.

El Correo de los Macri inició el concurso en septiembre de 2001 ante el Juzgado Comercial N°9. Tenía la concesión del servicio postal oficial y había acumulado una deuda derivada principalmente de la financiación de sus inversiones y por cánones atrasados adeudados al Estado. Le reprochaba al Estado incumplimientos en las obligaciones, lo que había anulado la renta del negocio. Por esto, tapizó de demandas millonarias el fuero contencioso administrativo federal. El último acuerdo fallido, denunciado como delito cuando Macri era presidente y negoció en nombre del Estado, incluía una insólita cláusula para empezar a pagar su deuda una vez que cobraran su contrademanda.

En 2003, el Estado le quitó su concesión y no aceptó el acuerdo en el marco del concurso. Allí se decretó su primera quiebra, sin habilitar la instancia de "cram down" del artículo 48, como ahora. Se consideró que no había una empresa para continuar, ya sin el contrato del Estado. Durante 13 años hubo idas y vueltas, se revocó la quiebra, se reabrió el concurso, se dilataron todos los pasos posibles con apelaciones. En 2007, se fijó un plazo de 60 días para intentar un nuevo acuerdo. Se transformaron en años con la valuación de los activos por parte del Tribunal de Tasaciones. En 2010, Correo acordó con el resto de los acreedores, pero no con el Estado, condición sine qua non para avanzar. El resto del tiempo lo consumieron las apelaciones hasta la escandalosa audiencia del 28 de junio de 2016, donde la fiscal Gabriela Boquín denunció un acuerdo "abusivo" y perjudicial para el Estado que se transformó en una investigación penal contra Macri, sus funcionarios y los representantes de la empresa de su familia.

En síntesis, el acuerdo prorrateaba a bajo interés el pago de la deuda durante los próximos 17 años (a los que debían calcularse los 16 años pasados, a esa fecha) y considerando los $293 millones a valores de 2001, implicaban una quita del 98,82%. Solo iban a pagar menos del 2% de lo que debían.

En el remoto caso de que alguien se presente antes de las 9.30, comenzará un proceso de evaluación durante algunas semanas. En caso contrario, la quiebra. Su decreto formal abre paso a que se demande a las empresas controlantes a las que se les podrían iniciar acciones de responsabilidad y extensión de la quiebra según la Ley de Concursos y Quiebras. El reclamo sería superior al del acuerdo de 2016. Una particularidad: los Macri alegan que poseen bienes que fueron incautados cuando se les quitó la concesión. El "foja cero" al que se aludió cuando el tema causó un escándalo político para Cambiemos nunca reveló que la jurisprudencia comercial prevé que no es posible aceptar un acuerdo que no esté en torno al 40% de la deuda, "a valores actuales".

Como si todo este complejo entramado no alcanzara, subsiste otra duda: también hubo irregularidades en los votos de los dos tercios de acreedores del Correo que son privados. Toda esta trama puede quedar expuesta, ya sea que haya un oferente como que no. La causa penal, en Comodoro Py tiene el ritmo del concurso: hace más de un año el juez Ariel Lijo quedó en condiciones de definir si procesa al exministro Oscar Aguad. Justamente hoy, se cumple un año desde que la Cámara Federal rechazó los últimos recursos de las defensas. (ámbito)