24-04-2024
25-07-2020 | NO PODÍAN ACCEDER QUIENES HUBIERAN VIOLADO DERECHOS HUMANOS
El Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata denunci贸 que represores cobran pensi贸n como veteranos de guerra
Unos 60 represores procesados, imputados e incluso condenados por delitos de lesa humanidad cobran "pensiones honor铆ficas" como veteranos de la guerra del Atl谩ntico Sur, denunci贸 el CECIM de La Plata.

Unos 60 represores procesados, imputados e incluso condenados por delitos de lesa humanidad cobran "pensiones honor铆ficas" como veteranos de la guerra del Atl谩ntico Sur, denunci贸 el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

La entidad que agrupa a los soldados que pelearon en Malvinas se puso "a disposici贸n" esta semana de la Administraci贸n Nacional de la Seguridad Social (Anses) para revisar las "irregularidades detectadas" en el otorgamiento de esos beneficios, que comenzaron a otorgarse en los a帽os 90.

La informaci贸n surgi贸 a partir de un relevamiento, al que tuvo acceso T茅lam, elaborado por esta entidad, en base a datos que se encuentran en los registros del organismo que regula la seguridad social en el pa铆s y que pueden consultarse por internet.

"El decreto 1357/04 firmado por el entonces presidente N茅stor Kirchner estableci贸 que esta pensi贸n no pod铆a ser cobrada por quienes hubieran cometido violaciones a los derechos humanos, cr铆menes contra la patria o el orden constitucional. Por eso creemos hay irregularidades que deben ser corregidas", se帽al贸 a esta agencia Ernesto Alonso, dirigente del CECIM.

Sin embargo, hay en esa lista personal militar que cobr贸 la pensi贸n y que a煤n la percibe, a pesar de estar involucrados en cr铆menes de terrorismo de Estado.

Qui茅nes son los represores que cobran esta pensi贸n

Entre ellos figura Julio C茅sar Binotti, un represor de la ESMA condenado a prisi贸n perpetua y denunciado por haber estaqueado soldados en Malvinas, y pese a todo conserva el beneficio de esta pensi贸n.

Otros de los condenados por delitos de lesa que figuran en esta lista son el ex capit谩n Carlos Esteban Pla, condenado por delitos de lesa humanidad en San Luis; el ex contralmirante y represor de la ESMA Edgardo Otero y el ex teniente de nav铆o Francisco Lucio Rioja, que se gan贸 fama de torturador en el centro clandestino de detenci贸n m谩s grande montado por la Armada en plena Ciudad de Buenos Aires.

Tambi茅n aparecen procesados y con prisi贸n preventiva como el coronel Daniel Alejandro Delfor Polano, imputado por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, acusado de tormentos contra soldados en Malvinas y sindicado por haber participado en un atentado perpetrado en 1970 contra la sede que la AMIA ten铆a en la ciudad de La Plata.

En esa condici贸n tambi茅n se encuentran el teniente coronel Luis Alberto L贸pez y el coronel Carlos Salvadores Carrizo, imputado por la masacre de Capilla del Rosario y en libertad tras pagar una fianza de 100 mil pesos.

"Muchas veces, el argumento para mantener esta pensiones es la falta de una condena firme sobre los delitos que se imputan. Pero nos parece que para la ilegalidad no puede haber un derecho adquirido, y m谩s cuando se trata de una pensi贸n honoraria. Los torturadores carecen de honor", afirm贸 Alonso.

Los que ya no las perciben

En base a denuncias presentadas por organismos de derechos humanos y agrupaciones de ex soldados de Malvinas, se logr贸 que muchos represores dejaran de percibir estas pensiones que cobraron por a帽os.

Es el caso de los ex oficiales navales Antonio Pern铆as, Jorge Acosta y Juan Carlos Rol贸n, emblem谩ticos represores de la ESMA que durante a帽os cobraron estos haberes hasta que fueron denunciados.

Hace una semana, el diario alem谩n Bild, revel贸 que el ex oficial naval Luis Esteban Kyburg, requerido por la Justicia argentina por presuntos delitos de lesa humanidad que habr铆a cometido en Mar del Plata, reside en un barrio de Berl铆n, donde obtuvo la ciudadan铆a germana.

El CECIM denunci贸 el caso de Kyburg en 2015, cuando llevaba dos a帽os pr贸fugo de la Justicia, ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises) que entonces encabezaba Gabriel de Vedia.

"El beneficio que cobraba se suspendi贸. Pero lo llamativo era que estando pr贸fugo, Kyburg presentaba a trav茅s de sus representantes legales recursos para seguir cobrando", indic贸 Alonso.

Las pensiones

Las pensiones a los veteranos de guerra comenzaron a otorgarse en los a帽os '90 por iniciativa del gobierno de Carlos Menem y en base a las leyes de impunidad (Punto Final, Obediencia Debida e Indultos), varios represores percibieron estas prestaciones hasta el d铆a de sus fallecimientos.

En 1991 se sancion贸 la ley 23848 para que cobren los soldados conscriptos que hab铆an estado en Malvinas durante la guerra; y seis a帽os despu茅s se sancion贸 otra normativa, que ampliaba el beneficio a militares de carrera que hab铆an estado en el teatro de operaciones al momento del conflicto b茅lico y deb铆an estar retirados o de baja para poder acceder a esta pensi贸n honor铆fica.

Con el decreto 1357 del 2004 se estableci贸 que los veteranos de guerra iban a recibir una pensi贸n equivalente a tres jubilaciones m铆nimas y que cobrar铆an por Anses, siempre y cuando no tuvieran acusaciones por delitos de lesa humanidad, y en al a帽o siguiente, con otro decreto, el 886, se resolvi贸 ampliar a este beneficio al personal militar, que pod铆an cobrar una vez que se retirar谩n. 

Entre los casos de represores m谩s emblem谩ticos que siguieron cobrando figuraba Mario Benjam铆n Men茅ndez, ex gobernador de Malvinas durante la guerra, que cobr贸 esta pensi贸n hasta que falleci贸, a pesar de las responsabilidades en lo penal militar que se le atribuyeron en el informe Rattembach por su actuaci贸n durante el conflicto b茅lico con Gran Breta帽a.

Es el mismo caso del general Juan Ram贸n Mabraga帽a y el teniente coronel 脥talo 脕ngel Piaggi, nombrados en el informe Rattembach y acusados por delitos de lesa humanidad.

Estos listados fueron presentados al fiscal De Vedia, quien actualmente se desempe帽a en el fuero federal de la seguridad social.

El CECIM present贸 adem谩s una nota a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, para proponerle que los beneficiaron presenten de forma peri贸dica un certificado de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (telam)