El proceso que investiga delitos de "privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución en concurso ideal" cuenta, así, con una participación activa del Gobierno Nacional.

"Este juicio - en el que el tribunal escuchará a unos 120 testigos, en una causa que acumula 10.600 fojas - es emblemático en relación a un delito aberrante que, por la firme voluntad de nuestra Presidenta, el Gobierno nacional combate en forma sistemática y de manera coordinada con todas las agencias del Estado competentes en la materia, y evidenciará los complejos entretelones que tejen las redes de la trata", afirmó Alak.

El funcionario explicó que la Oficina de Rescate "asiste y acompaña a las personas que deban declarar, además de asesorar al Tribunal para la toma de declaraciones: se le informa las características de una persona en situación de vulnerabilidad y de una víctima de este delito tan complejo".

Por su parte, Cristian Encinas, abogado de la Oficina que coordina Zaida Gatti, precisó "el equipo profesional que interviene está capacitado y cuenta con importantes documentos internacionales, tales como '100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad - XIV Cumbre Judicial Iberoamericana' y 'Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos', entre otros".

Trata: 36 sentencias condenatorias y casi 3.000 rescates

Desde la sanción, en el año 2008, por impulso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la ley 26.364 de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas", se liberaron hasta el 31 de enero último 2.794 personas de las redes de trata, de las cuales 569 fueron rescatadas en 2010 y 1.597 en 2011, lo que constituye un promedio de 4 personas por día.

En estos casi 4 años, la Justicia federal dictó 40 sentencias por "Trata de Personas", de las cuales 36 fueron condenatorias. En la mayoría de los casos llevados a tribunales, el fin de la trata era la explotación sexual.

La Oficina de Rescate interviene desde el momento en que las víctimas son rescatadas, estableciendo en ese primer contacto una relación con ellas, informándoles de sus derechos y garantías. Luego se realiza una entrevista, en la cual las víctimas relatan los hechos que hayan sufrido y las profesionales intervinientes confeccionan un informe que remiten al Poder Judicial.

Ese documento contribuye a que los operadores judiciales puedan interiorizarse de los hechos y así comprender las circunstancias de la víctima, la cual también reviste el carácter de testigo, para llevar adelante las declaraciones testimoniales de las mismas.

En tanto, en la etapa de juicio oral, la Oficina de Rescate es requerida por el Tribunal para asistir y acompañar a las víctimas durante el debate. "Las consideraciones del equipo profesional, en relación a las particularidades del delito y de las víctimas, han sido fundamentales durante esta etapa, ya que, como la jurisprudencia lo demuestra, sus declaraciones han servido para ilustrar al Tribunal competente acerca de las características y los perfiles de las víctimas de trata y de las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran", subrayó Encinas.

"Es así como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación contribuye a que la Justicia comprenda la situación de la víctima, antes, durante y después de los hechos que iniciaron el proceso, siguiendo los principios rectores manifestados por nuestra Presidenta y salvaguardando y recomponiendo aquellos derechos fundamentales que fueron violados por quienes hoy, gracias al trabajo mancomunado, saben que serán sancionados", valoró Encinas.

Además, destacó que se encuentra activa la línea gratuita 145 para realizar denuncias u obtener información ante la Oficina de Rescate.

Historia del delito de la trata

El flagelo de la Trata de Personas con fines de explotación sexual golpea a nuestra sociedad aún desde antes de que se constituyera como Nación.

En el año 1797 recaló, tras un motín, una embarcación en la que viajaba una población de reclusas inglesas hacia una penitenciaría situada en Australia. Las mujeres que se quedaron en Buenos Aires ejercieron la prostitución sometidas por rufianes extranjeros.

En esa época, el delito de Trata de Personas era conocido como "Trata de Blancas". Ese nombre, que estigmatiza y discrimina, era un fiel reflejo de lo que es el delito en sí, ya que era conocido así en contraposición a la "Trata de Negros", que era el comercio de esclavos traídos a la fuerza desde el continente africano.

"En ambos negocios era y es evidente la cosificación de la persona para comerciar con ella. En el caso en estudio, la 'Trata de Blancas' hacía referencia a la mujer europea y blanca (la mayoría de ellas, procedentes de Europa del Este, Francia e Italia), que eran víctimas engañas por los rufianes de la época", consideró Encinas.

En 1913, el Congreso Nacional sancionó la ley anti-tráfico (Ley 9143), la primera contra la "Trata de Blancas", conocida en honor a su creador como la "Ley Palacios" (por el diputado socialista Alfredo Palacios). El proyecto ampliaba la definición de la trata de blancas e incorporaba la corrupción de menores de ambos sexos y de mujeres adultas.

"Ésta fue la primera señal, la primera batalla en nuestra Nación contra este delito; una señal que fue pionera en la región y que ha marcado el camino que hoy se sigue", apuntó el letrado.

En la década de 1930 se sancionó la ley 12.331 de "Profilaxis de la Enfermedades Venéreas" que apuntó, entre otras cosas, a prohibir en forma expresa los establecimientos de casas o locales donde se ejerciera o incitara a la prostitución. Y ya entrada la década de 1960 se incorporan al Código Penal de la Nación aquellos tipos penales que van sancionar al "rufián", a través de los artículos 127 bis y ter (derogados actualmente con la sanción de la Ley 26.364).

"Pero es en el año 2008 - completó Encinas -, con la sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, cuando el Estado Argentino da un acabado concepto del delito de Trata de Personas en todas sus modalidades (explotación sexual, trabajo forzado, extracción ilícita de órganos, entre otros) y, consecuentemente con su perseverante y dedicada lucha a favor de la protección de los derechos humanos, en el mismo cuerpo establece los derechos de las víctimas del delito de Trata; derechos que contemplan el delicado estado psicofísico en el que se encuentran las víctimas y garantizan las condiciones en las cuales son asistidas, acompañadas y protegidas por el Estado Nacional".