01-07-2026
20-05-2019 | COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Desde el Instituto Patria denuncian que el Gobierno nacional tercierizó la organización de la "Cumbre Global de Discapacidad" y saldrá más de $ 65 millones
La Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Patria, a través de un comunicado denuncian que "a través de la Resolución Nº 215/2019, el Gobierno Nacional adjudicó la suma de $65.255.943,92 a la empresa Congresos Internacionales S.A., a fin de organizar una 'Cumbre sobre Discapacidad'" y apuntan que "el discurso oficial sostiene que el ajuste es necesario porque se gasta más de lo que se tiene. Sin embargo, observamos un desembolso millonario en favor de una empresa privada sin ningún beneficio directo para las personas con discapacidad".
La Cumbre Global de Discapacidad bajo la consigna "Fortalecemos el compromiso de Latinoamérica y del mundo para asegurar la plena inclusión de las personas con discapacidad y garantizar sus derechos, libertades y dignidad humana" se realizará en Argentina entre el 6 y el 8 de junio del presente año en Tacnópolis y coscará mas de 65 millones de pesos.

La Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Patria denunciaron que la organización del evento fue otorgado a una empresa privada y las graves falencias que hoy sufren las personas  con discapacidad en materia de servicios, tratamientos y medicamentos, porque han sido abandonados a su suerte por el Estado nacional.

"Como en otras ocasiones, nos encontramos ante una acción gubernamental que favorece negocios privados. A través de la Resolución Nº 215/2019, el Gobierno Nacional adjudicó la suma de $65.255.943,92 a la empresa Congresos Internacionales S.A., a fin de organizar una 'Cumbre sobre Discapacidad'", comienzan diciendo desde la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Patria y agregan: "Para la organización de este evento, la gran mayoría de las organizaciones de personas con discapacidad no fueron convocadas. Tampoco fueron convocadas las instituciones públicas que diaria y sostenidamente trabajan por estos derechos. Por el contrario, se transfiere una suma millonaria a una empresa privada en el contexto del brutal ajuste que sufre el colectivo al que pertenecemos".

"Actualmente, -prosiguen- son denegadas la mayoría de las pensiones no contributivas que fueron injustamente dadas de baja, pese a que la Justicia sentenció que debían ser restituidas. Asimismo, decenas de miles de pensiones se encuentran en peligro a partir de intimaciones de baja por parte de la actual Administración. Más de 70.000 pedidos de nuevas pensiones continúan sin tratamiento dese hace más de tres años por indicación de los actuales funcionarios. Debido al endurecimiento y restricción en el acceso, miles de conciudadanos/as no llegan a iniciar trámite. Todas las prestaciones que debe garantizar el Gobierno Nacional, desde medicamentos hasta prótesis, son negadas o limitadas por deudas siderales a los proveedores. Incluir salud no responde y su presupuesto no es respetado".

Seguidamente, expresan: "La subejecución de un programa presupuestario (pensiones no contributivas, Incluir Salud, etc.), baja el piso del presupuesto a afectar al año siguiente. Así, asistimos a una reducción presupuestaria año tras año. Sabemos que la subejecución no obedece a la falta de necesidades en la población, pues los padecimientos son cada vez mayores. Esta estrategia obedece al ajuste general de programas públicos comprometido por este gobierno ante el FMI".

y denuncian: "El dinero para el evento es una oportunidad de negocios con una modalidad diferente de rendición de cuentas. Claramente, son recursos que se retiran de la política de discapacidad para favorecer decisiones discrecionales de funcionarios y empresarios".

Por último desde la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Patria remarcan: "El discurso oficial sostiene que el ajuste es necesario porque se gasta más de lo que se tiene. Sin embargo, observamos un desembolso millonario en favor de una empresa privada sin ningún beneficio directo para las personas con discapacidad. La acción de un Gobierno que viola sistemáticamente derechos, incluso el de la participación de organizaciones vinculadas a la problemática, puede resumirse en una sola frase: 'todo lo de nosotros, sin nosotros'".