Tras la detención del represor Luis Baraldini que será extraditado desde Bolivia, después de permanecer prófugo de la justicia argentina desde 2003 por violaciones a los derechos humanos, para ser juzgado en La Pampa como responsable de más de 300 casos de secuestros y tormentos ocurridos en la provincia durante la última dictadura, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo habló con "Animales Políticos", en radio Rivadavia.

Sobre el represor Carloto dijo "está más que probado que es un genocida de la dictadura", y aseguró: "son tan peligrosos como (Domingo Antonio) Bussi y (Luciano Benjamín) Menendez", a los que calificó como "monstruos disfrazados de hombre".

Carloto adelantó que "a este hombre le espera un juicio oral y público con todas las garantías de la ley", y pidió además en nombre de los organismos de derechos humanos "que pague los años que le quedén por vivir con la prisión en carcél común, ya que no les cabe ninguna consideración".

La titular de Abuelas recordó que este tipo de "personajes", por el represor Luis Baraldini, nacen a raíz de la implementación de la doctrina de Seguridad Nacional, que se origina en el Penatágono de los Estados Unidos, y que finalmente se puso práctica en la Escuela de las Américas en Panamá,  y se desarrolló en toda Latinoamérica.

La detención del ex coronel, anunciada el pasado domingo por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue destacada como un "hecho histórico" en la provincia de la Pampa por víctimas del accionar de Baraldini y las autoridades de la justicia federal local, que desde hace años encabezaban la intensa búsqueda del represor oculto en Bolivia.

Ley Antiterrorista

Por otra parte, Estela de Carloto manifestó su preocupación ante la reciente promulgación de la Ley Antiterrorista, se preguntó: "¿Qué pasará más adelante, con esta ley, con otros gobiernos" que la interpreten otra manera "o con jueces a los que les va a encantar meter presos a quienes manifiestan pidiendo derechos? Esa es una preocupación". Aunque, aseguró que "con este Gobierno tenemos la garantía de que no van a ser reprimidas las manifestaciones sociales cuando se demanda un derecho, al trabajo, al aumento de sueldo".

La dirigente a fin al Gobierno aseveró que "en Argentina no hay terrorismo, hay demandas sociales", ya que los actos terroristas siempre han sido ideados desde el exterior.

La norma, que generó una fuerte polémica, duplica las penas de cualquier delito que sea cometido con el objetivo de "aterrorizar" a la población o para "obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".