El Senado de la nación convirtió en ley en la última sesión del año la medida que establece límites a la extranjerización de las tierras rurales. La norma obtuvo 62 votos a favor y sólo uno en contra, del peronista disidente salteño Juan Carlos Romero.

Al respecto, el abogado constitucionalista y redactor de la ley, Eduardo Barcesat, manifestó que "establece con criterio de proyecto, previsión de futuro y tutela de ese futuro, a un recurso natural, estratégico y no renovable".

Sostuvo que la ley reposa en el pacto internacional de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando declara la titularidad de los pueblos respecto de sus riquezas, el derecho de autodeterminación y la independencia económica. El letrado indicó que la normativa "es un instrumento basal de la independencia económica por la calidad agroproductora que tiene la Argentina".

Barcesat explicó que la creación de un Registro de Tierras Rurales va a determinar "en qué situación estamos mediante un relevamiento de catastro municipales, registro de propiedad de las provincias, registro de personas jurídicas provinciales", y controlar en lo sucesivo que se respete que ninguna persona extranjera tenga "más de mil hectáreas en la pampa húmeda, más del 15 por ciento en un municipio, provincia y totalidad del territorio y más de un 30 por ciento de titulares de una misma nacionalidad".

Asimismo, el constitucionalista opinó que la declaración de interés público de la producción, comercialización y distribución de papel para diarios "amplía la libertad de prensa cuando pone la posibilidad del acceso al insumo principal a aquellos medios que hoy carecen o están condicionados en su acceso".

Barcesat resaltó que la medida permite que "haya pluralidad, ampliación, distintos abordajes, mayor riqueza informativa y potencia la libertad de prensa que tutela la Constitución".

FE