En uno de los fallos más previsibles del cronograma previsto hasta fin de año, la Corte Suprema revocó la doctrina del "2x1" para delitos de lesa humanidad y convalidó la ley que el Congreso votó en tratamiento exprés para que ese beneficio no alcance a represores.

La mayoría del máximo Tribunal suscribió un cambio de orientación y sumó a las huestes un rechazo a ese precedente en el voto de Elena Highton de Nolasco que acompañó la posición de Horacio Rosatti. Así, junto a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda constituyeron un rotundo 4 a 1 para el resultado final.

En soledad, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz insistió en su postura inicial y consideró "inconstitucional" la norma aprobada por los legisladores que excluyó cualquier conmutación de pena sobre acusados por crímenes de Estado. La cuestión tuvo como novedad la primera "grieta" en la "cúpula" de la Corte que hasta ahora había constituido una "minoría automática" en casos sensibles. A su criterio, se colocó el "traje de árbitro de fútbol" para ser inmune a las críticas.

A la mayoría constituida por Lorenzetti y Maqueda (que sostuvieron su postura inicial en el fallo "Muiña") se sumó Rosatti que consideró saldado el vacío legal con una legislación "interpretativa" sobre la imposibilidad de aplicar un beneficio a acusados por delitos de lesa humanidad a partir de un vacío legal. A su voto, adscribió en las últimas horas del lunes Highton de Nolasco, cuya posición estaba en duda hasta último momento y se había visto personalmente afectada por las reacciones de rechazo a su postura en mayo de 2017.

Cuando ya había comenzado la reunión de Acuerdos, Rosenkrantz en una jugada inédita pidió "retocar" su voto en plena reunión. Finalmente no sólo reivindicó su postura, sino que endureció su criterio acerca de la ley aclaratoria votada por el Congreso a la que consideró contraria a la Constitución por legislar con retroactividad sobre cuestiones penales.

De fondo, la interna entre miembros de la Corte se agudizó con los antecedentes de sentencias dictadas por el propio tribunal que consideraron como válidas leyes que fueron modificadas en determinados tiempo históricos por los poderes del Estado que las emitieron. Mientras que para Rosenkrantz estos eran antecedentes firmes, para Rosatti hubo contradicciones en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad y esas idas y vueltas dieron paso a la interpretación de normas, cuya última sanción "salvó" para una modificación en su aplicación para futuros fallos. El titular de la Corte justificó que con la sanción de la ley inicial no hubo diferenciación sobre los imputados a los que se les aplicaría (incluidos los de lesa humanidad) porque "no hace distinciones" sobre los tipos de delitos.

La respuesta de la Corte para cerrar el capítulo "2x1" se debe hacer primero en términos políticos más que jurídicos. El caso del represor Rufino Batalla, elegido especialmente por Rosatti para pronunciarse, y condenado por crímenes como el asesinato de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo fue parte de la puesta en escena de la Corte para cerrar un polémico capítulo iniciado en mayo de 2017.

La batalla de interpretaciones por el significado del contenido de la sentencia valió múltiples aclaraciones del fallo firmado. Desnudó parte de la discusión jurídica que atraviesa una Corte en transición y una especie de ruptura entre Rosenkrantz y el resto. No representa nada. Las mayorías móviles dominarán el universo de fallos satelitales sobre los que la Corte se pronunciará hasta fin de año, más allá de la agenda que fijaron.

Más allá de las justificaciones de cada lado, la pelea fue por los antecedentes de la Corte: mientras que Rosatti los llamó "test de consistencia" y "test de razonabilidad" a las leyes interpretativas aceptadas como jurisprudencia, Rosenkrantz las consideró inaplicables por ser retroactivas.

Para su adversario, son de aplicación conjunta por la que una modifica el entendimiento inicial (a la fecha de su sanción original) sobre cómo debe entenderse. El razonamiento técnico sumó que no se trata de una nueva condena, sino que equivale al cómputo de una pena ya establecida con lo que no hay vulneración de tratados internacionales. Lorenzetti y Maqueda quedaron como espectadores de esta contienda, mientras que Highton, esta vez, buscó refugio en la mayoría para contrarrestar el impacto.

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