El paquete de traspaso de responsabilidades de gasto desde el Estado bonaerense a los municipios, previsto en el proyecto de presupuesto para el año próximo que tomó estado parlamentario en  la cámara de Senadores, incluye $ 2.500 millones de aportes para el sostenimiento de la CEAMSE y que ahora deberán tributar las comunas que depositan sus residuos allí.

Tal como ocurrió con el caso de los subsidios al precio de los pasajes de los transportes locales, que absorberán las comunas en las cuales funciona ese servicio por un total de $2.450 millones, y en el de la tarifa social eléctrica, por otros $8 mil, la justificación oficial es que el tesoro provincial deberá asumir a su vez subsidios que corrían por cuenta de Nación por un neto de $28 mil millones. 

"En 2019, el traspaso de responsabilidades de gasto desde Nación hacia Provincia exige revisar la asignación de funciones de gasto de cada nivel de gobierno", indicó el Ejecutivo en el mensaje con el que acompañó la presentación del Presupuesto. "En esta línea, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos constituye una función meramente municipal en todas sus etapas", agregaron desde el gobierno de María Eugenia Vidal.

Explicaron que "el desequilibrio existente entre el costo del tratamiento y la disposición final de los residuos municipales y las tarifas cobradas a los municipios obligó durante años a realizar un aporte provincial al CEAMSE para cubrir su déficit operativo" y ese el monto que ahora deberán cubrir las comunas.

El costo -los 2.534 millones- recaerá sobre los 36 municipios bonaerenses que trabajan con la CEAMSE, la enorme mayoría del Conurbano, que deberán asumirlo en escala proporcional a las toneladas de residuos que depositan en las plantas de la empresa, que es gestionada por los estados nacional, porteño y bonaerense.

El hecho de que sean los municipios del Conurbano los afectados le agrega densidad política a la medida, ya que la mayoría de ellos están gobernados por intendentes peronistas, cuyos representantes en la Legislatura son unos de los interlocutores elegidos por el Gobierno para negociar el presupuesto. De todos modos, también hay alcaldes oficialistas que trabajan con la CEAMSE, como San Fernando, San Isidro y Vicente López.

Con esta transferencia, los municipios deberían absorber al menos $12.984 millones el año próximo, si el presupuesto no es modificado en el tratamiento parlamentario. Al mismo tiempo, ese proyecto limita en el 38% el aumento posible de las tasas municipales, el mismo porcentaje de incremento que se propuso para el impuesto inmobiliario, que es de órbita provincial.

(DIB)