Una vez más la comunidad que trabaja las problemáticas vinculadas con la discapacidad reclama al gobierno nacional que revea las políticas de ajuste que impulsa contra el sector. Esta vez, con un centenar de sillas de ruedas vacías sobre la Plaza de Mayo, le dieron visibilidad a la "crítica situación del sistema de atención a personas con discapacidad".

La protesta, reiterada y hasta aquí desoída por el gobierno, incluyó un petitorio dirigido al presidente y entregado en la Casa Rosada, para que "se dé marcha atrás con la decisión generalizada de dar de baja pensiones no contributivas por invalidez por incompatibilidad con el Decreto 432/97 y que el Programa Incluir Salud cumpla con la atención integral de las personas con discapacidad en todo el país y en particular con la entrega de medicamentos, pañales, ortesis, prótesis e insumos".

Además, desde el sector solicitaron la "regularización de los pagos de las prestaciones brindadas a las personas con discapacidad, sin descuentos injustificados por parte de Incluir Salud; la revisión de los aranceles decididos para estas prestaciones teniendo en cuenta el costo de vida y el aumento de los sueldos establecido por las paritarias; la implementación de la red nacional de rehabilitación; y el desarrollo de fuentes laborales para las personas con discapacidad, dando cumplimiento a los cupos laborales en el Estado".

Julieta Blayer, presidenta de la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM), sostuvo que "ya tendrían que haberles pagado a las instituciones el mes de julio, pero algunos prestadores de servicios a personas con discapacidad no cobraron abril. Están atrasados y hay establecimientos que la están pasando muy mal. Además, se ha dado un pequeño aumento y diferenciado para ciertas prestaciones, no para todas. Hay un desfasaje del 45% que se incrementó por la adecuación de los salarios acordados en la paritaria de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina".

Para Carlos Scipione, titular de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas, "la situación es grave. Recién nos han pagado el mes de junio de Incluir Salud. En algunas provincias, como Córdoba, el viernes les pagaron diciembre. Y en Mendoza todavía no pagaron ningún mes de este año. A la provincia de Buenos Aires le deben otro tanto".

Scipione, que representa a unos 900 transportistas de todo el país, precisó que "todavía no nos pagaron el 20% que nos habían descontado durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año pasado, ni aquel famoso 40% que descontaron masivamente y ahora, no sé si para meternos miedo o porque quieren frenar las movilizaciones que estamos haciendo, dicen que están trabajando en la provincialización del transporte".

"Yo hablo como mamá -agregó Blayer-. A mí me interesa que todas las personas con discapacidad, incluida mi hija, estén cubiertas y puedan ser recibidas en un establecimiento. El Estado no tiene cobertura directa. Todo lo tiene tercerizado en las instituciones, ya sea de padres o privadas".

La "marcha de las sillas vacías" puso de manifiesto alrededor de las Pirámide de Mayo la angustia que viven las personas con discapacidad y sus familiares, Como una forma de visibilizar la crítica situación a la que las políticas del gobierno está condenando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, el acto fue convocado por escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias nucleados en el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. (tAr)