Luego de que el Senado no sancionara la Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el pasado 8 de agosto se desató la polémica por el peso que tuvo en esta decisión la Iglesia católica. Bautizados realizaron apostasías colectivas y se comenzó con una fuerte campaña para pedir por un Estado laico y que ningún culto intervenga en políticas estatales.

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL)  vehiculizó casi 4.000 apostasías en todo el país: "El Estado tiene que ser neutral en materia religiosa en dos aspectos: no debe privilegiar a un culto por sobre otro, y no tiene que adoptar los valores religiosos por sobre otro valores sociales. Después del debate del Senado por la legalización del aborto, hubo un despertar en la conciencia social de que la Iglesia es la principal fuerza que se opone a la ampliación de derechos, y que tiene opinión en políticas públicas", resume César Rosenstein miembro de la coalición.

Falta de datos oficiales

Para la Iglesia, el 90 por ciento de las personas que viven en Argentina son católicas. Según estos datos, casi todos los argentinos estarían de acuerdo con sus doctrinas, lo que le da peso a la hora de involucrarse en la toma de decisiones políticas. Pero lo cierto es que no hay datos oficiales sobre religión en el país desde 1960. "La pregunta sobre la religión fue irregular en los censos. Se preguntó en 1947 y 1960. En el 47 dio alrededor de 94 por ciento y en el 60 el 91 por ciento de católicos. Desde ese momento no se volvió a inquirir acerca de la religión, por distintas razones: a la Iglesia no le interesaba que se pregunte porque siempre se pensó como la totalidad. Y por otro lado, los que hacían el censo en ese momento, consideraron que preguntar por la religión por un lado podría ser vulnerar derechos personales de cada individuo, y por otro lado, había una cuestión teórica para los sociólogos de 1960, la religión era producto de una formación social anterior, y se suponía que iba a desaparecer. La consecuencia concreta de eso es que no tenemos contabilidad de la cantidad cierta de católicos, evangélicos o personas que no tienen religión", explica Verónica Giménez  investigadora del CONICET, y coordinadora el Programa Sociedad, Cultura y Religión en el CEIL.

Los datos más próximos que se tienen pertenecen a un estudio llevado a cabo por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)  realizado en el 2008, a 2.403 argentinos de todas las regiones, que arrojaron las siguientes estimaciones: "Un 76,5 por ciento se define católico. La primera minoría, a su vez, correspondía sorprendentemente a las personas sin religión: el 11 por ciento de la población. Y a eso le siguen los evangélicos con el 9 por ciento. Dentro de estos tenés un grupo que es el 1.1 por ciento que son las iglesias históricas, que suelen ser más progresistas, el grupo de esas iglesias apoyó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en ciertos comunicados. Después el 7.9 por ciento son iglesias pentecostales o bautistas, ahí se encuentra el grueso de los grupos que luego movilizaron al Obelisco en contra de la Ley. Fortunato Mallimaci tiene una frase interesante: en esa ley los católicos pusieron el lobby y los evangélicos pusieron la calle", comenta Giménez.

Creer sin pertenecer

Cuando se le preguntó a los entrevistados cómo se relacionaban con Dios, el 61,1 por ciento respondió por cuenta propia, contra el 23,1 por ciento de personas que dijo que lo hacen a través de la Iglesia. Estamos frente a procesos de desinstitucionalización religiosa y de individuación de las creencias. "La religión ya no organiza la vida de las personas. Las decisiones son personales. Cuándo casarme, cuándo tener hijos, cuándo y con quién mantener relaciones sexuales. Son decisiones que las personas se reservan para sí. No se dejan influenciar por las líneas de la institución. La autonomía del individuo trabaja cada vez más la cuestión de la des-adhesión a las instituciones. Esta idea de yo hago lo que quiero con mi fe".

"En nuestros estudios -aseguran los especialistas-, lo que nos damos cuenta es que de esos católicos hay un porcentaje muy chico que tiene además del bautismo otro sacramento. Un porcentaje aun más chico que va a misa, o a ceremonias de su culto todas las semanas. Un porcentaje aun menor, que participa como activista o militante en algún grupo relacionado con la religión". Esto concuerda con el 66.9 por ciento de los entrevistados, que indican que se puede ser buen religioso sin ir a la Iglesia o Templo.

Vínculo económico

En el segundo artículo de la Constitución Nacional, se establece que el Gobierno debe sostener el culto católico. La Iglesia no paga exenciones de ingresos brutos, ABL y patentes, recibe subsidios en servicios públicos, y se le han otorgado 17 predios por 5,2 millones de dólares, según documenta un proyecto de ley que impulsa la separación de la Iglesia del Estado en la Ciudad, que presentó el legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano.

El proyecto plantea anular la cesión de tierras e inmuebles, quitar los subsidios a los servicios de las entidades religiosas y poner fin a las excepciones impositivas: "Los establecimientos religiosos que tiene el Episcopado en Buenos Aires. Sin contar los colegios, y otros establecimientos de exclusividad comercial, son 308. Entre ellos la sede central del Episcopado de la Ciudad cuenta con dos mil metros cuadrados. Si le sumamos las 304 escuelas de la ciudad de Buenos Aires que pertenecen a la Iglesia católica,  ahí son 612 propiedades. Además de los establecimientos religiosos tenemos otro tipo de inmuebles que son difícil de precisar, como por ejemplo el Luna Park, cedido al Episcopado por Tito Lectoure", explica Solano.

Por una ordenanza de 1978 del intendente de la dictadura, Osvaldo Andrés Cacciatore, y que fue mantenida por todos los gobiernos que le sucedieron en democracia, se le paga a la Catedral Metropolitana el servicio eléctrico. "La justificación es que ahí están los restos del general San Martin, a mi juicio deberían estar en la Casa Rosada como padre de la patria, no en una institución confesional", sostiene.

En esta misma línea, la Iglesia católica no paga Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) de sus propiedades ni Ingresos Brutos en sus empresas, advierte el legislador: "La sede central del Episcopado debería pagar de ABL 98.279 por mes está exenta desde el año 98, es decir, a valor actual no pagó 35 millones de pesos en ese concepto. Otro caso es  la Universidad Católica Argentina, con sede Puerto Madero, 702 mil pesos por mes de ABL está exenta desde el 94, al valor actual se ahorró de pagar 102 millones de pesos y estamos hablando de una sola sede. La iglesia tiene su grupo capitalista que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la integran Clarín, Telecom, Banco Galicia, Arcor, entre otros.  ¿Qué decían en los pronunciamientos de su página? Tiene dos declaraciones últimas, una en contra del derecho al aborto, y otra a favor del tarifazo".

"El Estado y la Iglesia tienen una relación económica estrecha. Hablamos de centenares de millones de pesos. La Iglesia utiliza ese beneficio para presionar, para que no salga el derecho al aborto, para que la educación sexual integral no se lleve adelante en establecimientos educativos. El Estado está dispuesto a resignar económicamente una fuente de ingresos, como compensación de un gran apoyo político. Este se convierte en un Estado confesionario que aplica políticas oscurantistas", concluye Solano.

Según los estudios del CONICET, la mitad de los argentinos considera que hay que financiar a todas las confesiones religiosas o en su defecto a ninguna. Pero la contribución financiera del Estado al trabajo social de la Iglesia y sus templos tiene amplio grado de aceptación: "Hoy las iglesias cumplen roles sociales, donde el Estado no llega, por ejemplo, el espacio de las tóxico dependencias, las personas con problemas de drogas se internan en instituciones religiosas. Ahí no hay Estado. Si se quiere separar Iglesia de Estado hay que pensar en estas cosas", reflexiona Verónica Giménez.

Relación política

El Estado argentino no es ni católico, ni laico. Pero sí le da un estatuto particular a la Iglesia católica. Para Verónica el problema es político: "La Iglesia y el Estado tiene una ligazón muy fuerte que es más política que de arquitectura jurídica. Es más un poder de influencia históricamente asentado. Hay relación de cúpula a cúpula. Me parece muy acertada la opinión de legisladores que aun reconociendo su fe, o su encuadramiento dentro de la Iglesia católica, pensaron cuando votaron por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en temáticas que tenían que ver con salud pública, ese sería el nudo de la separación, en términos de acción política concreta. Los legisladores, por más católicos que sean, deberían legislar según otro tipo de recursos, influencias, pensamientos, o fuentes", concluye. (Anccom)