El presidente del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila, denunció al gremio por "administración fraudulenta" en la empresa del Estado, luego de un informe periodístico que sostiene que en 10 años no se terminó ningún buque y que existen empleados "truchos" y otros que cobran sueldos sin prestar servicios.

El titular del Ente Administrador del Astillero se presentó ante la Justicia para denunciar el delito de "administración fraudulenta agravado por ser en perjuicio de la provincia de Buenos Aires", y pidió "la individualización de cada uno de los autores, coautores, partícipes necesarios, partícipes secundarios y/o encubridores de los hechos".

En la presentación, Capdevila manifestó "la existencia de gravísimas maniobras" ejecutadas en la empresa del Estado, entre las que enumeró "actos administrativos irregulares destinados a desviar ingentes sumas de dinero en favor de ATE Ensenada" y "contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas en perjuicio del Astillero".

Además, aseguró que "hay indicios de la existencia de otras irregularidades", entre las que mencionó "vehículos utilizados a nombre de otras personas, aportes de campaña a partidos políticos -en el caso al Frente para la Victoria- proveedores ligados a empleados, etc."

El programa "Periodismo para Todos" emitió un informe en el que denunció que la empresa estatal de construcción y reparación naval no terminó ningún buque en los últimos diez años "a pesar de contar con un presupuesto asignado de $ 3.600 millones".

En el parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aseguró que la empresa sólo "cubre con su producción el 1% de su costo operativo, el resto de ese monto lo cubre el erario público".

Por su parte, el diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castello, aseguró que "ATE Ensenada se adueñó del Astillero desde donde gestiona varios negocios: retornos fraudulentos a través de empresas fantasmas, contratos truchos de personal que no cumple funciones, plus por productividad sin siquiera terminar un buque, estafas por 50 millones con el comedor, etc.".

En ese marco, Capdevilla advierte sobre la existencia de erogaciones realizadas por el Astillero a ATE Ensenada "sin respaldo legal alguno", y se basa en un informe del Tribunal de Cuentas de 2015, que llama la atención por transferencias cercanas a las $ 20 millones entre 2014 y 2015.

Además, indicó que hubo "sospechosas contrataciones" en favor de empresas que estarían vinculadas a ATE Ensenada "o con algunos de sus principales directivos o referentes".

Sobre el gremio, la denuncia señala que ATE Ensenada "ejercía el control administrativo del Astillero a través de los ex gerentes", y que intervenía en la empresa "a través de los cuadros medios, utilizando la intimidación y coacción a todo aquel que no siguiera sus lineamientos, para lo cual tiene una fuerza de choque que se mueve libremente por el Astillero".

En esa línea, denuncia la actuación de dos empresas (Whitesea y Abadía de Mar) que "fueron acercadas al Astillero por ATE Ensenada" y que firmó contratos por 12, 20 y 30 millones de dólares para realizar trabajos que no se terminaron. Capdevila describió que "el aporte de las empresas para la construcción de los buques es mínimo y son aportados casi en su totalidad por el Astillero".

Finalmente, en la presentación se mencionan irregularidades en la administración del comedor del Astillero: "el servicio pareciera a simple vista que se encuentran concesionado por ATE Ensenada", indica.

Capdevila explicó que el gremio descuenta a cada trabajador $ 1.300 por el uso del comedor, dinero que es pagado como un suplemento por la constructora naval, que además abona al personal de maestranza. "Estos fondos no han sido jamás justificados ni fueron emitidos comprobantes legales que den soporte a ello".

Por otro lado, se denunciaron irregularidades en el régimen de "dispensados". En ese sentido, consigna que "el jefe de Prestaciones, Fernando Valdez, y Carlos Maduri, gerente de Relaciones Institucionales, con la complicidad del secretario general de ATE Ensenada, pergeñaron esta maniobra irregular consistente en simular una figura para abonar el sueldo a quien, en la práctica, se autorizó a no prestar tareas".

La dispensa es un régimen exclusivo del armador por la cual se le permite al trabajador no asistir a prestar tareas mientras tramita su jubilación. De acuerdo a lo denunciado, hay 110 empleados que se encuentran alcanzados por este régimen de excepción. (DIB)